Pleno Municipal del 25 de julio de 2012 (I)

Vamos a intentar irnos poniendo al día, poco a poco.

¿Os acordáis de que fue verano? La verdad es que en estos días comienza a cambiar el tiempo y, poco a poco, nos vamos adentrando en el otoño madrileño, que dura bien poco.

En fin, vamos a dar cuenta del Pleno Municipal del mes de julio, último antes del parón del verano en la administración del mes de agosto.

El vídeo de ese Pleno puedes verlo en este enlace.

Más allá de las mociones que presentó nuestro Grupo Municipal, se trataron dos cuestiones de interés. 

En primer lugar, la modificación del Reglamento del Registro Municipal de Parejas de Hecho.

Esta modificación obedece, según el Equipo de Gobierno, a la necesidad de que los solicitantes estén empadronados en nuestro municipio y en el mismo domicilio al menos durante los doce meses anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho. Alegan, además, que existen casos de uniones fraudulentas.

Nuestro Grupo Municipal entiende que esta modificación supone un agravio para las parejas de hecho respecto a los matrimonios, ya que las primeras tienen que demostrar su convivencia durante un año en el mismo domicilio, requisito que no se da en las uniones matrimoniales.

Se trata de un obstáculo para aquellas personas que no desean acudir al matrimonio civil o eclesiástico pero que tienen una voluntad inequívoca de legalizar su unión. Así, se darán casos de parejas que llevan conviviendo varios años y que no podrán inscribirse en el Registro por las restricciones que impone la modificación planteada.

Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes las parejas de hecho suponen una opción legítima y en igualdad de condiciones para legalizar una unión afectiva y de convivencia con los mismos compromisos y efectos que tienen los matrimonios civiles. Estos compromisos suponen simplemente la voluntad de constituir una unión de forma permanente. La inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho no significa ni más ni menos que esto.

Las uniones de hecho son una alternativa al matrimonio para múltiples efectos, como se reconoce en el Código Civil y en la legislación de muchas Comunidades Autónomas, incluida la nuestra. El Equipo de Gobierno del Partido Popular de Las Rozas está convirtiendo el hecho de registrarse como pareja de hecho en una opción casi imposible para muchos ciudadanos. Ni siquiera han considerado la excepción de los casos en los que las parejas tuvieran descendencia.

La modificación del Reglamento del Registro discrimina a quienes no opten por el matrimonio civil, lo que supone un significativo recorte en las libertades y una penalización de las uniones de hecho frente a los matrimonios civiles.

Lo que subyace en esta propuesta es el ataque permanente que sufren los inmigrantes por parte del Partido Popular. En la época del Gobierno de Aznar se demostró cuando lanzaron contra ese colectivo la Ley de Extranjería.

La propuesta de modificación de este Reglamento afecta a todos los roceños y roceñas, mateñas y mateños, pero transmiten de forma meridiana su intención de evitar las uniones de determinadas nacionalidades. Se ensañan, así, con el colectivo de inmigrantes a los que se les proporcionó intencionadamente un lugar de segunda en la sociedad. Los inmigrantes fueron los primeros que han sufrido los efectos de la grave crisis que padecemos al ser el colectivo con  mayores tasas de precariedad en el empleo. La reforma del Reglamento del Registro Municipal de Parejas de Hecho convierte un problema concreto en uno general, implantando una sanción previa a las personas que se decantan por las uniones de hecho, frente a aquellas que optan por la vía del matrimonio, ya sea civil o eclesiástico.

Esta modificación supone, en suma, pasar de una normativa que favorece a una mayoría a una restricción que va en contra de la misma mayoría.

La modificación del Reglamento del Registro Municipal de Parejas de Hecho fue aprobada con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de UPyD y el voto en contra de nuestro Grupo y del PSOE.

En segundo lugar, por el interés que apunté al comienzo de esta entrada, se encuentra la Declaración Institucional de los Grupos Políticos Municipales relativa a la renuncia al importe equivalente a la paga extraordinaria de Navidad que dejen de percibir los empleados públicos del Ayuntamiento de Las Rozas.

Esta declaración, a iniciativa de UPyD se trató en la Junta de Portavoces previa a la celebración del Pleno Municipal y fue acordada por todos los portavoces de los distintos Grupos Políticos que componemos la Corporación.

El texto literal de la Declaración es el que sigue.

Los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Las Rozas a la vista del contenido del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, concretamente en lo que hace referencia a la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos, e independientemente de la posición política de cada uno al respecto, manifiestan su voluntad de adoptar las medidas necesarias para que los esfuerzos y sacrificios que se le están pidiendo a los empleados a cargo de las Administraciones Públicas, se hagan también extensivos a los responsables políticos y, en concreto, a los corporativos de este Ayuntamiento.

Por ello, los miembros de la Corporación Local de Las Rozas de Madrid, sea cual sea el régimen retributivo, declaramos nuestra intención de renunciar al importe equivalente a la paga extraordinaria de Navidad que dejen de percibir los empleados públicos del Ayuntamiento de Las Rozas.

Al igual que sucedió con la aplicación de la rebaja salarial del año 2010, esta medida se armonizará con la posición que al respecto marque la Federación Española de Municipios y Provincias y, en su caso, con las modificaciones legislativas en trámite sobre esta materia, haciendo constar que, en cualquier caso, se aplicará antes de finalizar el presente ejercicio.

Vaya por delante nuestra oposición a que sean los empleados públicos los que siempre carguen con el máximo de los recortes en la Administración Pública. Estos empleados han visto menguado su poder adquisitivo durante los últimos tiempos, ya que sus salarios están congelados y no son, ni siquiera objeto, de actualización considerando el incremento del nivel de vida, que viene dado por el Indice de Precios al Consumo.

En nuestro caso, se trata de una mera posición de solidaridad con los empleados públicos. Ni más ni menos.

Mociones.

Como en cada Pleno celebrado hasta la fecha, nuestro Grupo presentó dos mociones.

La primera que presentamos es contra los recortes anunciados por el Gobierno Central.

Las medidas que anunció el Presidente del Gobierno en su comparecencia parlamentaria del pasado 11 de julio continúan profundizando en la estrategia iniciada por el PSOE, el 10 de mayo de 2010, al situar el pago de la deuda pública como el objetivo fundamental de nuestra economía.

Hay que recordar que el aumento de la deuda pública, que ahora se utiliza para justificar estos recortes, está en los préstamos que tanto el Gobierno de Zapatero como ahora el de Rajoy han venido haciendo a la banca. Préstamos que ni han sido devueltos, ni han servido para reactivar la economía real, la productiva, y lo que es peor, tampoco han consolidado los balances de la banca que sigue necesitando liquidez para afrontar sus obligaciones,

Para asegurar el pago de las obligaciones contraídas con las emisiones de deuda pública, una deuda que consideramos ilegítima, el Gobierno está tomando medidas que vacían de contenido nuestro Estado Social y de Derecho al reducir el gasto social, los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y al incrementar la fiscalidad indirecta. Estas medidas que afectan fundamentalmente al colectivo de trabajadores y trabajadoras a los que se sigue haciendo correr con el coste de la crisis. 

Estas medidas sólo van a traer más sufrimiento y desesperación a los trabajadores y trabajadoras, verán como pierden poder adquisitivo y en absoluto van a mejorar la dramática situación de los desempleados y desempleadas. Muy al contrario, destruirán aún más empleo y, consiguientemente, aumentará el desempleo.

Se ha endeudado nuestro país asumiendo la deuda privada de los bancos sin que se pida responsabilidad por esa actuación. Desde Izquierda Unida-Los Verdes solicitamos la creación de una Comisión sobre la Deuda Pública Española para determinar la parte ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible de la deuda pública que debe ser anulada.

En paralelo y de forma complementaria se aprovecha la crisis para vaciar de contenido la democracia. En primer lugar  se acaba con el Estado Social al dictarse normas, como las que acabo de mencionar o la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reducción de las cotizaciones sociales o de las percepciones por desempleo que nada tienen que ver con el pago de la deuda. Se trata de una opción de clase que persigue mantener la tasa de beneficio del capital y reducir la capacidad de intervención y los derechos reconocidos de la clase trabajadora.

Hay que recordar al Gobierno que con estas medidas se da la espalda a la ciudadanía. Las últimas medidas adoptadas únicamente satisfacen las demandas de la banca y de los grandes grupos económicos, dejando apartados en un último lugar los problemas tan acuciantes que afronta en solitario la ciudadanía, tales como la vivienda, el empleo o, como es cada vez más habitual y por desgracia, la alimentación.

Las medidas del Gobierno del Partido Popular son antisociales y se encaminan al fracaso. Son claramente contrarias al interés general, al interés ciudadano. No se ponen en valor cuestiones tales como la lucha contra el fraude fiscal, la eliminación de los paraísos fiscales, la disminución de los grandes salarios y el control de los enormes beneficios de la banca, como medidas para superar el déficit.

También es necesario recordar que con estas medidas se pierde soberanía. Es profundamente indignante que los que con tanto orgullo llevan la bandera española o van a los palcos a ver a la selección española de fútbol son los mismos que están entregando la soberanía de nuestro Estado para favorecer los intereses de los mercados y de las instituciones europeas, como el Banco Central Europeo, que carecen de cualquier tipo de control democrático y actúan al mandato de la obtención del máximo beneficio.

La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local supone la mayor ofensiva contra los Ayuntamientos y la autonomía local. Un ataque que va a eliminar toda capacidad de gobierno en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que elimina las mancomunidades como instrumento de cooperación intermunicipal y reduce el número de concejales para potenciar, en última instancia, el bipartidismo.

Lo caro y lo vergonzoso, hay que decirlo claramente, es la actitud corrupta de ciertos políticos, como se ha visto en tramas como Gürtel. Los Ayuntamientos, la institución democrática más cercana a la ciudadanía, no pueden ser debilitados para que la democracia pierda sentido y calidad. Por mucho que algunos lo quieran manifestar la democracia no es cara ni es un lujo.

Existen otras soluciones y desde Izquierda Unida se han propuesto, sin embargo el Gobierno se ha plegado a las exigencias del capital financiero transnacional. Estamos de  esta manera bajo una dictadura financiera que va a por todas: a por los servicios públicos, las pensiones, los salarios de los trabajadores y trabajadoras, ..., mientras que las partidas presupuestarias dirigidas a la Casa Real o a la iglesia católica se mantienen intactas, ajenas a la grave recesión económica en la que nos encontramos inmersos.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes consideramos que cualquier reducción del gasto público es contraria al cumplimiento de los objetivos de estímulo de la demanda, que es imprescindible en la situación de recesión económica en la que estamos. La limitación del déficit no puede ser obtenida por medio del recorte del gasto, si no mediante mecanismos que conduzcan al incremento de los ingresos. No obstante, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que lo reoriente hacia la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva. Así mismo, nos oponemos de manera radical a  la reducción del salario de las empleadas y empleados públicos y a su congelación, excepto los de los altos cargos y el personal de confianza, así como el incremento del IVA, que es uno de los impuestos más injustos que existen.

Creemos que es necesario abrir canales de participación directa en la toma de decisiones, desarrollando el derecho fundamental de la ciudadanía a intervenir directamente en los asuntos públicos. Este derecho viene recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. En estos momentos se hace imprescindible avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política, por ello hemos propuesto y proponemos la celebración de un referéndum para consultar sobre estas medidas.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a expresarse sobre las consecuencias de la firma del Memorándum.

A pesar de la amnesia que parece que sufren los dirigentes del PSOE, gobernaron hasta el 20 de noviembre del año pasado y junto al Partido Popular han iniciado un proceso de demolición de los derechos sociales y laborales, además de abrir un verdadero proceso constituyente de forma autoritaria y vía Decreto Ley, en el que no se da la posibilidad de contrastar alternativas, ni se permite que la ciudadanía exprese su legítimo derecho a través de un referéndum sobre los cambios constitucionales que se han producido.

Esta moción fue rechazada por los votos del Grupo del Partido Popular y los votos favorables del conjunto de los Grupos de la oposición, esto es, Izquierda Unida-Los Verdes, PSOE y UPyD.

La otra moción que presentamos en este Pleno es la creación de huertos urbanos.

Dada la longitud que tiene este post y el interés de nuestra porpuesta, lo dejo para una segunda parte en la que también daré cuenta de las preguntas que formulamos.