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jueves, 23 de mayo de 2013

Desahuciados y desahuciadores

El pasado día 16 nuestra Asamblea realizó el acto Desahuciados y desahuciadores. Entre el drama humano y la especulación económica.

Contamos en la mesa con tres compañeros que participan muy activamente en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,. PAH, por lo que sus aportaciones fueron muy interesantes ya que nos proporcionaron información de primera mano.

De izquierda a derecha, Feli Velázquez, Remedios García y Sergio Fernández

Feli Velázquez nos comentó el devenir de la Plataforma desde sus inicios, remontándose a experiencias embrionarias, tales como V de Vivienda y Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), hasta llegar a la constitución de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que hoy conocemos.

También nos habló de la evolución de las formas de lucha de la Plataforma, desde reuniones con las entidades financieras para lograr la dación en pago, la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago, encierros en el IVIMA, en la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid y los más recientes escraches sobre los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Popular para que conocieran de primera mano el drama que supone un desahucio para una familia.

Fue una intervención muy dinámica, ya que Feli asiste a todas y cada una de las convocatorias de concentraciones para evitar los desahucios, así como a diversos actos de protesta, no sólo por las estafas hipotecarias, si no también por la escalada de la criminalización y represión que están sufriendo los activistas de la Plataforma.

A continuación, intervinó Sergio Fernández de Frutos, abogado que colabora en el área jurídica de la Plataforma, nos habló de la dimensión jurídica de los desahucios, de la desprotección que sufren los desahuciados y del poder omnímodo que tienen las instituciones financieras a la hora de ejecutar un desahucio.

Finalmente, Remedios García, miembro de la PAH y responsable de la Plataforma en la Sierra de Guadarrama, nos ofreció en su intervención los aspectos más significativos en el momento de plantearse un desahucio y su paralización, así como de la situación en las localidades de la carretera de La Coruña en cuanto a desahucios.

Como una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo el programa número 9 de Sí Se Puede, de Toma la Tele, que trata sobre los desahucios y la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el que sale un resumen del acto.


miércoles, 6 de febrero de 2013

La Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago llega al Congreso

Ayer tuvo lugar la comparecencia de Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organización encargada de la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago.

La comparecencia se produjo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de la protección a los deudores hipotecarios.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Dación en Pago ha recogido cerca de un millón de firmas, ha contado con el apoyo del noventa por cien de la opinión pública y el martes se debatirá su tramitación por el Congreso de Diputados.

Esperemos que los diputados y diputadas estén a la altura de las circunstancias y den su visto bueno para el debate de la ILP en sesión parlamentaria. La verdad es que no soy muy optimista, ya que el Partido Popular ya ha expresado su rechazo.

Dado el interés de su intervención y la denuncia de la situación en la que se encuentran los desahuciados os dejo el vídeo de su intervención.




Y en este segundo vídeo puedes ver las intervenciones de los diputados, presentes en la Comisión, correspondientes a las comparecencias.

Es de destacar quiénes están del lado de los que sufren y quiénes del lado de los poderosos, de la banca.

Tomamos nota.

viernes, 11 de enero de 2013

La Empresa Municipal de Gestión de Vivienda de Las Rozas no funciona como debiera

En el Pleno Municipal que se celebró el pasado 21 de diciembre presentamos una moción por el cambio en el modelo de gestión de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda (EMGV)



La Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Madrid, SA, (EMGV)

LaEmpresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas deMadrid, SA, (EMGV) se creó por acuerdo del Pleno Corporativo de este Ayuntamiento el 27 de mayo de 2004, aprobándose inicialmente los Estatutos de la sociedad. El Pleno del 23 de septiembre de ese mismo año procede a la aprobación definitiva de su creación, así como de su Memoria y de sus Estatutos.

Surge este empresa como sucesión de la empresa Novapark, envuelta en su momento en problemas con los Servicios Técnicos Municipales.

La EMGV es una sociedad anónima cuyo capital es de titularidad municipal en un cien por cien. Se trata, por lo tanto, de una empresa pública.

Su objeto social está determinado por la construcción de viviendas, actuando el Ayuntamiento como promotor; la construcción de edificios y dotaciones, promovidas por el Ayuntamiento; la construcción de obras e infraestructuras urbanas; la gestión y explotación de viviendas y edificios dotacionales; y la gestión urbanística y del patrimonio municipal que le encomiende el Ayuntamiento, en los términos que determine éste.

Entre sus funciones, y dado el cariz de nuestra moción, destacamos, por una parte, la enajenación de parcelas y, por otra parte, la construcción de viviendas de todo tipo.

La actividad de la EMGV emana de las encomiendas de gestión que le realiza el Ayuntamiento, a través de acuerdos en las Juntas de Gobierno o por acuerdo del Pleno Municipal. Desde la fecha de su constitución, 2004, y hasta la fecha su actividad ha consistido en:
  • La proyección de la construcción de 3.000 viviendas de protección pública.
A través de dos convocatorias se han construido, en la primera de ella, 800 viviendas en alquiler con derecho a compra. En la segunda convocatoria se están construyendo 250 viviendas.

La creación de una base de datos como registro permanente e solicitantes de vivienda de protección pública.
  • La gestión de infraestructuras urbanísticas, entre las que destacan la promoción de la construcción de un parking en la calle Siete Picos; la contratación de la explotación de los parkings de la calle Cañadilla, de la biblioteca León Tolstoi y de la calle Martín Iriarte en Las Matas; las obras de remodelación de Las Matas, que han consistido en la reordenación del tráfico, una nueva pavimentación de ciertas calles y la instalación de nuevo mobiliario urbano; la remodelación del colegio público San José, también en Las Matas; relaciones con el Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana; y la realización de los estudios e informes para la remodelación del casco urbano de Las Rozas.
  • La gestión de la bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes de nuestro municipio.
  • La convocatoria del concurso de pintura rápida como una de las actividades culturales de las fiestas patronales de nuestra localidad.
En realidad y dada la presencia de nuestro Grupo Municipal en el Consejo de Administración de la empresa, así como en la Junta General, podemos manifestar que su actividad está mermada.

Mermada en cuanto a que su papel en la promoción de la vivienda de protección pública es el de un mero intermediario, que no proporciona ningún tipo de valor añadido, ya que una vez recogida la encomienda de gestión convoca un concurso público para la enajenación de la parcela de titularidad pública para la construcción y posterior gestión de esas viviendas, quedando el papel de la EMGV reducido a ofrecer a la empresa adjudicataria la relación ordenada de adjudicatarios de esas viviendas.

El resultado es que el dinero obtenido de la venta de la parcela pasa a engrosar el capítulo de ingresos de los Presupuestos Municipales, siendo una de las fuentes de ingresos relevantes de dicho Presupuesto.

La responsabilidad de la EMGV en la promoción de la vivienda pública se ciñe, pues, a la supervisión de las obras y plazos de ejecución, la certificación de obra y la entrega de los datos de los adjudicatarios de las viviendas. Ahí finaliza su papel.

Entendemos que el papel a desempeñar por la EMGV y dado su carácter de empresa pública municipal debe ser otro.

La vivienda es uno de los derechos de ciudadanía que contempla nuestra Constitución, por lo que los poderes públicos velarán por el cumplimiento de este derecho.

Es en este punto donde la EMGV debe realizarse, de tal manera que sea una de las entidades principales en la promoción de este derecho y muy especialmente entre aquellas capas sociales con más dificultades de acceso a la vivienda.

Aquí es donde planteamos que sea la EMGV la que asuma la gestión de las promociones de viviendas de protección pública que el Ayuntamiento le encomienda, por una parte, y, por otra, que este Ayuntamiento en el desarrollo de su política de vivienda pública opte por los módulos de protección pública más económicos con el fin de cubrir la demanda de vivienda de aquellos sectores de la población con menores recursos económicos.

Atendiendo a las necesidades de estos sectores de la población de nuestra localidad proponemos que, prioritariamente se promocione la vivienda de protección pública en régimen de alquiler, cuya renta mensual no podrá suponer una cuantía superior al 30% de la renta mensual del adjudicatario o de la unidad familiar.

Atendiendo a la gestión directa de las promociones de vivienda de protección, la EMGV como sociedad municipal atenderá directamente a los vecinos y vecinas adjudicatarias de ese tipo de viviendas, eliminando el papel de la empresa constructora de esas promociones. Supone la atención directa de las necesidades de esos vecinos y vecinas, una respuesta más ágil y cercana y, en definitiva, asumiendo las responsabilidades que le son propias.

Otros acuerdos que propusimos en la moción son los referidos a una menor carga en la renta de los adjudicatarios con el objetivo de hacer la vivienda más accesible a los adjudicatarios de la misma como son que el Impuesto de Bienes Inmuebles sea a cargo del propietario de la vivienda y no del arrendatario, así como que la adquisición de una segunda plaza de garaje sea voluntaria, todo ello en aras de hacer más económico el acceso a una vivienda de promoción pública, que es en definitiva uno de los fines que debe perseguir la empresa.

Esta moción fue rechazada por el Partido Popular. Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, la política de vivienda pública en nuestro municipio es un éxito, atendiendo al número de viviendas construidas y al número de vecinos y vecinas que viven en ellas.

Para nosotros, la promoción de la vivienda pública en nuestro municipio no puede ser calificada como un éxito cuando los adjudicatarios de esas viviendas tienen un elevado número en el sorteo, que implica un significativo número de renuncias, debidas fundamentalmente a su elevado precio que no pueden afrontar.

En cuanto un vecino o vecina de Las Rozas o Las Matas quiera optar a una vivienda de protección pública, cumpliendo los requisitos establecidos, y no sea adjudicatario de una de ellas, algo no funciona correctamente.

La vivienda no es un lujo, es un derecho de ciudadanía.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Sobre la vivienda pública de Las Rozas. Nuestras propuestas

Continuo dando cuenta del Pleno Municipal del 28 de noviembre.

Ya he comentado la primera de las mociones que presentamos a ese Pleno, -una muestra de apoyo, por parte del Pleno Corporativo a los trabajadores de la sanidad pública en su lucha contra los recortes y privatizaciones.

En este caso, la moción versa sobre nuestras propuestas en materia de vivienda pública en nuestro municipio.

Nuestro Grupo Municipal continúa planteando mociones sobre vivienda pública, en este caso considerando la problemática que han denunciado los vecinos de la promoción de vivienda pública protegida de El Montecillo.

En este Pleno se ha debatido en diferentes ocasiones el papel de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda (EMGV). Desde nuestro Grupo Municipal hemos defendido su existencia, frente a otros grupos que proponen su eliminación, porque entendemos que tiene que tener un papel fundamental en facilitar el acceso a la vivienda a los roceños y roceñas, mateños y mateñas.

Mas allá de debatir el papel de la EMGV, que consideramos que tiene que asumir otro papel que el de simple gestor entre promotoras privadas y dueño de suelo público así como financiador directo del presupuesto del Ayuntamiento. La política del Ayuntamiento de Las Rozas tiene que cambiar de forma neta.

La vivienda ha dejado de considerarse como un derecho social básico  que es necesario garantizar. Se ha convertido en una fuente de  acumulación económica para una minoría, mientras la mayoría debe endeudarse durante décadas para obtenerla o pagar unas rentas abusivas en un mercado de alquiler altamente especulativo.

Las propias administraciones y sus entes públicos han sido cómplices en los fenómenos especulativos, convirtiendo la política de vivienda en mecanismo de exclusión y segregación.

Nuestro pueblo es un buen ejemplo de las políticas de exclusión y  especulación con la vivienda que expulsan a los jóvenes de su propio municipio.

Durante los últimos meses hemos conocido las quejas de muchos vecinos, que han conseguido viviendas en promociones de la EMGV, denunciando que los precios de los alquileres que abonan son muy elevados. Precios que contrastan con la coyuntura actual presidida por una gravísima recesión económica y con los efectos que está teniendo en el terreno del empleo, que castiga especialmente a los jóvenes.

Además denuncian que tras la privatización de la gestión de estas promociones encuentran el desamparo por parte de las administraciones públicas ante los abusos de las promotoras y gestoras de las promociones.



En materia de vivienda, Izquierda Unida–Las Rozas-Las Matas prefiere el gasto público  directo en lugar del indirecto, que ha demostrado ser regresivo y  socialmente injusto. Para evitar la especulación y el fraude, y para activar la rotación del patrimonio público, Izquierda Unida apuesta  por el régimen de alquiler para la vivienda pública, aceptando otras formas de acceso a la propiedad sólo transcurrido un periodo de 20 años, pero manteniendo, en todo caso, el derecho de propiedad del suelo por parte del Ayuntamiento.

Por lo tanto, para Izquierda Unida–Los Verdes asegurar el acceso a una vivienda digna es una prioridad y un compromiso fundamental. De cara a conseguir este objetivo apostamos decididamente por la Vivienda Social en alquiler y por un Plan Municipal de Vivienda Joven para la emancipación.

Es por ello que proponemos una serie de acuerdos al Pleno de Las Rozas:

1. Creación de una bolsa de vivienda social en alquiler, equivalente a un 10% del parque residencial y cuyo importe esté vinculado a la situación económica, siendo como máximo el 30% del salario neto del solicitante de la vivienda. Esta bolsa se crearía mediante:

a) Inversión a través de la compra a precio de coste del excedente de viviendas existente en Las Rozas y Las Matas por especulación urbanística  destinada a la bolsa de vivienda social en alquiler antes  mencionada.

b) Gestión municipal de la vivienda vacía a través de la subvención  y promoción del alquiler de viviendas vacías existentes ahora  mismo en Las Rozas.

c) Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías que no estén en la bolsa social de viviendas.

d) Destino de una partida presupuestaria específica para el acceso gratuito a viviendas sociales por parte de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social como mujeres objeto de maltrato de género, desahuciadas, ancianos o personas dependientes o con movilidad reducida hasta la adaptación de su vivienda habitual o hasta la superación de ese periodo de vulnerabilidad  social.

2. Elaborar un censo del parque de viviendas existentes en Las Rozas y Las Matas por estado de conservación, localización y tipología que sirva como  base para un diagnóstico de necesidades para la intervención  pública.

3. Exención de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todas las viviendas cuyo propietario sea el Ayuntamiento.

4. Asunción municipal de todos los gastos de mantenimiento y  reparación de las viviendas de propiedad municipal.


Esta moción contó con el apoyo del resto de Grupos Políticos de la oposición, no así con el del Grupo del Partido Popular, que sólo consiguió entrar en el bucle del éxito de la política de vivienda pública en Las Rozas.

No sé qué criterios emplea el Concejal de Urbanismo, Juan Blasco, para determinar como éxito la política de vivienda pública. En la promoción de El Montecillo existen viviendas vacías y los vecinos protestan por el elevado precio de sus viviendas en la actualidad.

Pero ellos se empeñan en hablar de éxito pese a esos datos. No es un buen punto de partida para establecer otra política de vivienda pública en Las Rozaas y Las Matas accesible a los vecinos y vecinas con menos recursos económicos.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Las viviendas del Plan Joven de Las Rozas son carísimas

A mediados de mes nos llegó al despacho un informe redactado por la Asociación de Vecinos de El Montecillo, en el que manifiestan diversas quejas respecto a las viviendas de protección en las que residen.

La queja principal viene dada por el elevado precio del alquiler que pagan. Teniendo en cuenta la gravísima situación económica en la que nos encontramos, que son jóvenes y, por tanto, el colectivo más castigado por el desempleo, y, finalmente, la coyuntura de la vivienda en nuestro país, y más concretamente en Las Rozas, nos parece una queja más que legítima.

Según la información de la promoción, las viviendas de alquiler con derecho a compra, el precio de venta final se fijaba en 139.000 euros, lo que suponía un 54% inferior al precio de mercado de vivienda libre; y con un precio de alquiler medio, de 515 euros mensuales.

El caso es que el precio real que pagan mensualmente supera con creces es cuantía. El incremento del alquiler responde a los siguientes conceptos:

  • Adquisición obligatoria de una segunda plaza de garaje.
  • Pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que por acuerdo plenario de la Corporación disfruta de una bonificación del 50% de su importe, siempre y cuando lo solicite por escrito el inquilino.
  • Gastos de comunidad.
  • Actualización anual del Índice de Precios al Consumo (IPC).
  • Incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Así, el precio real del alquiler alcanza, aproximadamente, 800 euros mensuales.


Poniendo los datos en perspectiva, el incremento del alquiler mensual, desde julio de 2010, - fecha de entrega de las llaves de las viviendas -, hasta septiembre de este año es de un 9,6%. Han pasado de pagar por el alquiler del metro cuadrado 10,31 euros hasta los 11,31 euros en la actualidad.

Se observa en este punto que el gran beneficiario de esta primera promoción del Plan de Vivienda Joven de nuestro Ayuntamiento ha sido la empresa constructora, que ahora gestiona el cobro y el mantenimiento de las urbanizaciones y no los beneficiarios objetivos de ese Plan, que no son otros que los jóvenes de nuestro municipio.

Además, el incremento del precio del alquiler va en contra de la tendencia del mercado de vivienda libre.


El precio del alquiler de vivienda en el mercado libre ha experimentado un descenso que se cuantifica en el 9,5%.

En la actualidad el metro cuadrado de la vivienda de alquiler en el mercado libre es de 9,42 euros. Por el contrario, el precio del metro cuadrado de la vivienda de promoción pública, esto es, el Plan de Vivienda Joven de Las Rozas en su promoción de El Montecillo es de 11,3 euros.

Por lo que respecta al precio del alquiler de la segunda plaza de garaje, que los adjudicatarios de esa promoción de vivienda protegida se han visto obligados a adquirir de modo indivisible junto a su vivienda, el trastero y una plaza de garaje, está muy por encima de los precios de alquiler en el mercado libre. Pagan 113 euros al mes por el alquiler de esta segunda plaza de garaje, mientras que su precio en el mercado libre es de 65 euros mensuales.

Llegados a este punto, creemos que es esta segunda plaza de garaje la responsable, en buena medida, del incremento del precio del alquiler.

La promoción de La Marazuela, que forma parte de la misma convocatoria del Plan de Vivienda Joven, se ofrece a un precio significativamente menor.

En este caso hay que considerar que las viviendas de la promoción de El Montecillo y las pertenecientes a la promoción de La Marazuela son idénticas, de tal manera que a los adjudicatarios de las viviendas se les ofrecían, a su elección, las dos promociones, ya que la lista generada para la solicitud de esas viviendas era la misma.

La denuncia que presentan los vecinos y vecinas es que están siendo víctimas de un agravio comparativo: ellos pagan un 16,8% más por el alquiler de sus viviendas.

Esta situación responde a que el cálculo del precio del alquiler es diferente según se trate de una promoción o de otra.

En el caso de El Montecillo, el precio del alquiler mensual se ha fijado en el 7% del valor de venta final de la vivienda.

En el caso de La Marazuela el porcentaje es variable. Este se ha situado en un valor entorno a un 5,67%.

Las condiciones económicas de las viviendas no se ajustan a la demanda.

El lapso de tiempo transcurrido entre la apertura del período de ssolicitud de este tipo de viviendas, -febrero de 2006-, y el momento de entrega de llaves, -julio de 2010-, ha visto la cima de la burbuja especulativa inmobiliaria de nuestro país hasta llegar a la explosión de dicha burbuja, lo que ha provocado que el mercado de vivienda se encuentre a la baja.

No se cumple, entonces, el objetivo principal del Plan de Vivienda Joven, el acceso de los jóvenes de nuestro municipio a una vivienda digna a precio asequible, con el fin de que continúe su arraigo a la localidad en la han nacido y crecido. El incumplimiento de este objetivo se debe, fundamentalmente, al elevado precio del alquiler; de ahí, también, las renuncias constantes de los nuevos adjudicatarios a la ocupación de las viviendas que van quedando deshabitadas por aquellos vecinos que no pueden afrontar el elevado precio del alquiler mensual.


Las demandas de los vecinos y vecinas de esta promoción de vivienda pública de El Montecillo se centran en los puntos que se relacionan a continuación:

  • Reducción del alquiler mensual, aplicando un coeficiente similar a la promoción de La Marazuela, ya que se trata de un agravio comparativo entre viviendas idénticas que forman parte del mismo Plan de Vivienda Joven.
  • En su caso, la  congelación del precio del alquiler durante el período del alquiler, antes de la adquisición de su vivienda.
  • Desvinculación de la segunda plaza de garaje. Será opcional y de carácter voluntario su alquiler y posterior adquisición a precio de mercado, ya que como hemos tenido ocasión de conocer su precio de alquiler y, por tanto de compra finalmente, está muy por encima del precio en el mercado libre.
  • Auditoría externa de las cuentas presentadas por la empresa constructora y gestora de la promoción de El Montecillo.
  • Prestación de servicios jurídicos para atender sus necesidades en ese ámbito.
  • Atención a los problemas de seguridad que les están afectando en los últimos tiempos en el garaje y los trasteros.
  • Finalmente, favorecer la interlocución con la empresa constructora y gestora de la promoción de El Montecillo.
El Equipo de Gobierno nos respondió a través de su Concejal de Urbanismo, Juan Blasco, y mostró cierta comprensión y solidaridad. Nos apuntó que ya habían intermediado en otras ocasiones entre la empresa constructora y gestora de la promoción y los adjudicatarios de las viviendas.

Nos apuntó, así mismo, que la comparación de la vivienda protegida con el precio medio de la vivienda en el mercado libre no es correcta (?) y que había que considerar a este respecto la opción del derecho a compra de la vivienda. También nos señaló, respecto a la subida del IVA en el alquiler lo era en todos los conceptos.

A este respecto apuntar que después de siete años de alquiler, antes de ejercer el derecho a compra de la vivienda, asciende a la nada despreciable cantidad de 25.000 euros.

Esperamos que el Equipo de Gobierno se ponga del lado de los vecinos. En caso contrario estaría del lado de una empresa privada que sólo busca, naturalmente, el máximo beneficio y dejaría de lado el cumplimiento del Plan de Vivienda Joven de nuestro municipio: el derecho a adquirir una vivienda a los jóvenes roceños a un precio razonable.

Es de justicia.

lunes, 29 de octubre de 2012

Desahucios en Las Rozas

Ya he hablado de las dos mociones que presentamos en el Pleno Municipal del mes de septiembre. Una relativa a la situación del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid y la otra al requerimiento a la Comunidad de Madrid para que mantenga la dotación económica de ayudas de comedor y la solicitud de ampliación de las becas de comedor a nuestro Ayuntamiento para que en nuestro pueblo no vaya ningún niño al colegio con tartera, si no es por decisión propia de su familia.

En ese mismo Pleno también nos preocupamos por los desahucios que se han producido en el último año en nuestro pueblo. En ese sentido formulamos la siguiente pregunta en ese Pleno.

¿Cuántos desahucios se han producido en Las Rozas de Madrid en el último año?

Según el Equipo de Gobierno, que respondió a través del Concejal de Urabnismo, Juan Blasco, sólo se han producido dos desahucios, a saber: uno en Las Matas, que ha sido ejecutado, y otro en Las Rozas.

Entendimos, dado el bajo número de desahucios, que se trataba de desahucios en las promociones de vivienda pública.

El caso es que cada día se producen más noticias de desahucios que se producen en nuestro municipio y desconocemos el protocolo, quizá porque no existe, que se está llevando desde el Ayuntamiento ante este grave problema.



Creemos que es prioritario poner en marcha medidas que solucionen esta situación no sólo desde un parque de viviendas de alquiler social a precio asequible, como ya hemos hablado en este Pleno, si no también creando un servicio de mediación dependiente del área de servicios sociales, que tenga como misión intermediar entre las entidades financieras y los vecinos y vecinas afectados para paralizar los desahucios y ampliar los plazos del desalojo.

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha establecido un protocolo con el Colegio de Procuradores para que los desahucios se comuniquen con antelación a los servicios municipales con el objetivo de que prevengan las actuaciones necesarias para proteger a las familias en una grave situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Las Rozas muestra cierta insensibilidad ante esta grave problema que acecha a las personas más afectadas por los gravísimos efectos de la recesión económica que vivimos.

viernes, 5 de octubre de 2012

Recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago

Este domingo, día 7 de octubre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ha decidido poner mesas para la recogida de firmas en todos los municipios de la Comunidad.

En Las Rozas, los compañeros de la Asamblea Popular del 15M de Las Rozas y de Las Matas se suman a esa iniciativa y recogerán firmas tanto en Las Matas, -queda por confirmar si en el Parque Primero de Mayo o en las inmediaciones de la estación del tren-, y en Las Rozas, -dependiendo del número de efectivos se situarán en el Burgo Centro y en la Plaza de España.



La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago supone la apertura de una salida política y social a la grave crisis que nos azota con sus efectos día tras día, cada vez con mayor violencia.

Dada la sinrazón dogmática del Gobierno en la aplicación de la política económica neoliberal para afrontar la crisis al dictado del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, a través de lo que se ha venido a llamar la troika, la ILP por la dación en pago es una apertura a la ciudadanía para que exprese sus demandas en cuanto al problema de la vivienda en nuestro país.

El problema de la vivienda en nuestro país es una muestra inequívoca de la ineficiencia e ineficacia del sistema económico capitalista en la asignación de recursos.

La grave crisis que vivimos nos muestra el gran número de viviendas que han quedado vacías por el estrangulamiento del crédito de las entidades financieras. Así mismo, pese a este número de viviendas vacías, son muchas las personas, las familias, que no pueden acceder a una vivienda.

Es necesario, en este punto, manifestar que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, no un artículo o bien de lujo al alcance de aquellos que se lo puedan permitir. Es una cuestión de Derechos Humanos.

La gestión de las políticas de ajuste neoliberal como respuesta a la crisis de endeudamiento provoca ilimitadamente el sufrimiento de más y más personas.

Una de las caras de este sufrimiento social es el desempleo, creciente mes a mes.

Aquellas personas que poseen una vivienda sobre la que pesa una hipoteca ven como al caer en situación de desempleo involuntario no pueden hacer frente a las cuotas del préstamo hipotecario, debido, fundamentalmente, a la escasa cuantía de la prestación por desempleo. En ese caso, con la acumulación de cuotas sin pagar, verán llegar la orden de desahucio dictada por un juzgado a demanda de la entidad financiera que les concedió el préstamo hipotecario.

El desahucio es la experiencia familiar y personal más desesperante que se puede sufrir. Es la pérdida del domicilio, de la filiación a un lugar y la potencial entrada en la espiral de la pobreza y de la exclusión social.

Pobreza que viene dada por la deuda de por vida que queda contraída con la entidad financiera que ha concedido el préstamo hipotecario. Frecuentemente, la vivienda es subastada por un 50, 60% de su valor de tasación, que se utilizó para conceder la hipoteca, y adquirida por esa misma entidad financiera en una segunda subasta, ya que la primera de  ellas ha quedado desierta.

La diferencia entre el precio por el que se ha adquirido la vivienda en la subasta y el valor de tasación es la cuantía de la deuda que la persona desahuciada debe afrontar. Debe continuar pagando por una vivienda que ya no posee, ni disfruta.

La banca siempre gana.

La ILP por la dación en pago supone que entregado el bien objeto de embargo, es decir, la vivienda, la deuda queda cancelada. Así, se abre la oportunidad de empezar de nuevo y no con la deuda contraída que es una losa pesadísima para cualquier desahuciado, que llega a imposibilitarle comenzar de nuevo.

La ILP también supone el alquiler social de las viviendas objeto e desahucio por un 30% de los ingresos de la persona o familia desahuciada. Se trata de este modo de garantizar el derecho a la vivienda.

Plantea, también, la moratoria en los pagos de las cuotas del préstamos hipotecario para aquellas personas que se encuentran en desempleo.

La vivienda es un derecho de ciudadanía, no un lujo al alcance de unos pocos.

Firma por la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago este domingo en Las Rozas y en Las Matas.

Hacen falta medio millón de firmas. Hace falta tu firma.


lunes, 10 de septiembre de 2012

Pleno Municipal del 27 de junio de 2012

Con muchísimo retraso, vayan por delante miles de perdones y disculpas, redacto la entrada correspondiente al Pleno Municipal del mes de junio.

La grabación del vídeo puedes verla en este enlace.

Lo más destacable fueron nuestras mociones y preguntas, y el ruego que realizamos al final de la sesión sobre el paso de la "Marcha Negra" a su paso por nuestro municipio.

Mociones

La primera de ellas fue la relativa a la solicitud de la gestión pública de viviendas.

La vivienda no es un lujo sólo accesible a quien su nivel de renta se lo pueda permitir. La vivienda es un derecho constitucional y así se recoge en su artículo 47 todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. (...) La comunidad participará en las plusvalías que generé la acción urbanística de los entes públicos.

El caso es que este es un derecho que no se cumple. En la actualidad las entidades financieras, en buena parte responsables de la grave crisis económica que padecemos, han sido, junto con los intereses de promotores urbanísticos, empresas constructoras y, en no pocos casos, alentados o con el beneplácito de los poderes públicos, especialmente de los Ayuntamientos.

Las entidades financieras se encuentran en un momento que podemos calificar de muy delicado. Es así por el endeudamiento al que han acudido para poder satisfacer la demanda de crédito que ellos mismos, hay que decirlo una y otra vez, habían alimentado.

Las consecuencias han sido la generación del Fondo de Rescate Ordenado de la Banca (FROB) por una cuantía de cien mil millones de euros, la "bancarización"  de las Cajas de Ahorros y el rescate puro y duro que se ha llevado a cabo en Bankia, por poner un ejemplo.

El dinero de esos rescates, de esos fondos, son nuestros impuestos. Es decir, son fondos públicos que no se han empleado en la creación de una banca pública, si no en el mantenimiento de una banca privada que ha quebrado, se mire como se mire.

Lo más sangrante es que estas entidades financieras, que han visto como sus beneficios subían y subían como la espuma en los momentos más elevados de la burbuja inmobiliaria, ahora desahucian a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

Ante el impago de una serie de cuotas de la hipoteca, situación más frecuente de la deseable por el incremente incesante del desempleo, el banco inicia el proceso de desahucio.

Se trata de un proceso que conlleva el desalojo de la vivienda, por mandato judicial, y la consiguiente subasta de la misma. En la subasta, muy frecuentemente, es el mismo banco quien se hace con la vivienda por la mitad de su precio, por lo que ese cincuenta por ciento restante pasará a formar parte de la deuda que tendrá que asumir el desahuciado. Contará con una deuda de por vida que proviene de un bien, su vivienda, del que ya no disfruta.

Más allá de la dación en pago, sobre la que ya presentamos una moción en su día, en esta ocasión planteábamos que aquellas viviendas de las entidades financieras que han sido objeto de ayudas públicas pasen a ser propiedad del Estado y gestionadas por los Ayuntamientos, con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda y, en el caso concreto de Las Rozas, el Equipo de Gobierno se comprometa a destinar las viviendas de nuestro municipio a aquellas familias y vecinas y vecinos que necesiten un hogar bajo el régimen de alquiler social.



La moción fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de UPyD. Las argumentaciones consistieron básicamente en la intervención política en la actividad económica. Como si no fuera una intervención política el rescate de la banca.

La otra moción presentada fue la de fomento de la participación y el asociacionismo juvenil.

Parece ser que sólo nos acordamos de los jóvenes en tiempo de elecciones, pero en nuestro caso no es así.

La juventud es uno de los sectores más dinámicos de la sociedad y precisan de una atención específica que atienda sus demandas.

Un modo de atender sus demandas, de conocerlas de primera mano, consiste en fomentar el asociacionismo juvenil y en su participación a través del Consejo de la Juventud local.

Además, en esta moción planteábamos un cambio en el modelo de gestión de la Casa de la Juventud, basado en la autogestión de los jóvenes. Así, como la creación de una en Las Matas, con el fin de que los jóvenes mateños no tuvieran que desplazarse hasta Las Rozas, dado el problema de movilidad de nuestro municipio y porque entendemos que Las Matas tiene una entidad propia como para tener su propia Casa de la Juventud.


Se trataba en definitiva de hacer a los jóvenes actores políticos del municipio, decidiendo qué quieren hacer y cómo.

Detalle de la Casa de la Juventud de Las Rozas
Como en el caso anterior la moción fue rechazada con los votos del Partido Popular y de UPyD. La participación ciudadana es un engorro.

Mal asunto cuando es uno de los elementos fundamentales de la cultura democrática.

En este punto debería contarles nuestra argumentación de la moción que sobre Bankia presentó el Grupo Municipal de UPyD, pero el paso del tiempo y la consideración de la denuncia por parte del Tribunal competente la han dejado un tanto obsoleta. Decir, en todo caso, que sólo les preocupa lo que ha pasado, cuestión que a nosotros también, claro está, pero nos inquieta también el futuro de ese banco, cuestión que no aparecía en la moción presentada.

Preguntas

La primera de ellas hizo referencia a los motivos que han conducido al Equipo de Gobierno a la privatización de la Escuela Municipal de Arte Dramático.

Nuestra posición queda reflejada en esta entrada, que redacté en su momento.

Lo interesante viene dado por la argumentación de la Concejal de Cultura, Mercedes Piera, que no hace mención a la trayectoria del equipo, si no a la mejora de la eficiencia y al ahorro. Es decir, a la precariedad de los trabajadores de la empresa concesionaria de la Escuela, que redundará, esperemos que no, en la calidad. Malos tiempos para la cultura de calidad y altura de nuestro municipio.

Sobre la calidad y la rotación del personal encargado de impartir las clases esperaremos. El tiempo es nuestro aliado.

La segunda pregunta era la relativa al anuncio, por parte de la Comunidad de Madrid, del recorte del 3,3% en la aportación que realiza a los Ayuntamientos para costear el salario de los agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM). Preguntábamos sobre si este recorte afectaría a los salarios de los agentes y las medidas que iba a tomar el Equipo de Gobierno para que este recorte no afectase al cuerpo, ya que supondría una discriminación respecto a los compañeros de la Policía Local.


La respuesta por parte del Concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Espadas, fue lacónica: se asumiría ese recorte por parte del Presupuesto Municipal.

Ya se sabe, lo que recorta Esperanza Aguirre lo terminamos pagando los ciudadanos. En este caso, los receños y los mateños.

Seguiremos informando.

miércoles, 18 de abril de 2012

Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago

Según he podido escuchar esta mañana en un telediario, hoy ha dado comienzo la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago.


La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una herramienta que permite a la sociedad civil proponer leyes, o su modificación, ante el Congreso de los Diputados.


La Comisión Promotora de la ILP debe obtener, previamente, la autorización de la Mesa del Congreso y, una vez obtenida esta, establecer un período para la recogida de firmas. En este caso es de nueve meses.


Una vez transcurridos esos nueve meses y haber obtenido un mínimo de 500.000 firmas de adhesión, la Junta Electoral Central acredita a la Mesa del Congreso que la ILP ha obtenido el respaldo necesariopara, posteriormente, publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Tras su publicación, la Proposición de Ley debe ser incluida en el Orden del Día del Congreso de los Diputados para su tramitación.


La ILP propone la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de obtener:
  • La dación en pago con efectos retroactivos.
  • La paralización de los desahucios.
  • El alquiler social.
La dación en pago supone entregrar la vivienda a la entidad financiera en la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.

La paralización de los desahucios se plantea siempre que la vivienda sea la habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la voluntad del deudor.

El alquiler social plantea que el ejecutado por el impago de la hipoteca tenga el derecho a seguir residiendo en la vivienda, pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de cinco años.

El grupo promotor de la ILP por la dación en pago está formado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Comisiones Obreras, UGT, Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Confederació d'Associacions Veinats de Catalunya y Observatori de Drets Económics, Socials i Culturals (DESC).


Las adhesiones a la ILP se recogen en los pliegos de firmas, sellados por la Junta Electoral Central.


Darán fe de esas adhesiones los fedatarios de la ILP, firmando la autenticidad de los datos de los pliegos de firmas en los mismos.


Las Oficinas de Coordinación Territorial, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid  (FRAVM), son las encargadas de recoger la documentación de aquellos ciudadanos y ciudadanos que quieren ser fedatarios de la ILP y el lugar de recepción de los pliegos de firmas.


La campaña para la ILP por la dación en pago finalizará entre los meses de noviembre y diciembre y, tanto en Las Rozas como en Las Matas habrá disponibles mesas para la recogida de firmas a finales de este mismo mes.


Tan pronto se haya definido un calendario de fechas y lugares para la recogida de firmas, podrás consultarlo, entre otros sitios, en este blog.


La vivienda es un derecho, no un lujo. ¡Hay que parar los desahucios!