Las organizaciones políticas y sociales, y los ciudadanos y ciudadanas que apoyamos esta convocatoria, lo hacemos convencidos de que ha llegado la hora de parar las políticas de ajuste que está aplicando el Gobierno del PSOE al dictado del capital financiero y de las grandes empresas, cuyos intereses pretende salvaguardar. Estamos decididos a hacerlo mediante la movilización y la acción política democrática (que va desde la organización y la lucha social hasta evitar que nuestro voto sea utilizado en las próximas elecciones para avalar medidas de derechas).
Las políticas que impone el Gobierno no apuntan mejores condiciones para salir de la crisis. Al contrario, las empeoran. El paro sigue creciendo, la economía permanece estancada y los derechos laborales y sociales retroceden. Esas políticas se nos presentan como inevitables, pero eso no es cierto. Son sólo decisiones que favorecen a los grandes poderes económicos y a quienes especulan, aprobadas al dictado de los llamados mercados. El capital financiero está de enhorabuena: prácticamente todas las medidas adoptadas por el Gobierno desde que comenzó la crisis han estado directa o indirectamente orientadas al beneficio de la banca.
El Gobierno no se inmuta cuando insiste en que sus decisiones no recortan los derechos sociales. Sin embargo, la realidad es que castigan a los más desfavorecidos: congelación de pensiones, mayor facilidad para el despido, recorte del gasto social que afecta a los servicios públicos, incluida la educación, la salud y la dependencia, reducción de las retribuciones en la función pública, ataque al sistema público de pensiones y amenaza contra los instrumentos de negociación colectiva que permiten la defensa del mundo del trabajo.
No se ha tomado ni una sola medida para hacer pagar la crisis a sus responsables. Por eso hay que indignarse y es imprescindible rebelarse con la movilización, la lucha y la organización.
Otra política es necesaria.
No sólo para defender los derechos y las conquistas de las gentes que vivimos de nuestro trabajo, y de quienes ni siquiera pueden hacerlo porque están en paro, sino también para regenerar la democracia, jibarizada al servicio de los llamados mercados, y encauzar el avance económico hacia un nuevo modelo productivo, que tenga en cuenta la crisis ecológica y, por tanto, sea sostenible tanto humana como medioambientalmente.
Basta de engañar a la ciudadanía: existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, y existen medidas que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen. Son posibles y viables, como muestran numerosos estudios solventes, las propias Naciones Unidas y las experiencias de algunos países. Sólo hay que contar con la voluntad política de Gobiernos decididos a aplicarlas y, para ello, con la movilización social y el cambio político necesario.
Algunas de las medidas que consideramos necesarias son:
Elaboración, dotación presupuestaria y aplicación de un Plan de Urgencia por el Empleo y el Estímulo Sostenible de la Economía, como base para la lucha contra la crisis y basado en medidas contra la exclusión, el desempleo, la contratación laboral precaria, la pobreza y la desigualdad de género. Plan urgente de Empleo/Formación para trabajadores en desempleo. Implantación general de la semana laboral de 35 horas.
Adopción de las medidas necesarias para suspender la ejecución de desahucios de la vivienda habitual y el corte de servicios básicos (luz, gas, agua…) en el caso de personas en desempleo. Modificación de la legislación hipotecaria para regular la dación en pago como única garantía hipotecaria de la vivienda habitual.
Anular las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema basada en su fortalecimiento, el respeto de las condiciones actuales (jubilación legal a los 65 años, 15 años de período de cómputo y 35 años como tiempo para asegurar el 100% de la base reguladora), el avance hacia la jubilación en edades inferiores a los 65 años y las estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, la eliminación de la economía sumergida, la cotización en el sistema de las becas, la elevación de los topes de las cotizaciones máximas, y el incremento de los salarios para recuperar el peso que han perdido en el renta nacional en los últimos quince años.
Puesta en marcha de un plan para asegurar la financiación de proyectos de inversión creadores de empleo y la liquidez de pequeñas empresas y autónomos a través de los apoyos públicos y el crédito necesario. Plan de rehabilitación de la vivienda habitual.
Impulso de los programas de gasto social, equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de racionalización del gasto de las Administraciones Públicas. Reformas legales para impedir y,en su caso, castigar severamente la corrupción.
Rechazo claro del Gobierno de las políticas europeas basadas en el llamado Consenso de Bruselas, acordado entre conservadores y socialdemócratas europeos (que en nuestro país representan principalmente el PP y el PSOE), que refleja la connivencia con los intereses financieros y los continuos ataques contra la soberanía de los pueblos y su expresión democrática. Exigencia de un funcionamiento verdaderamente democrático de todas las instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo.
Apertura de una mesa de negociación sobre la Reforma del Modelo Productivo (que incluya política industrial, energía, sectores productivos prioritarios, democratización de las empresas y de la economía. Banca Pública, reforma educativa y de la formación profesional, impulso de la I+D+i, etc.).
Para obtener los recursos necesarios y dotarse de los instrumentos financieros adecuados para estos objetivos es preciso:
La puesta en marcha de una reforma fiscal basada en una fiscalidad justa y progresiva donde contribuyan más quienes más tienen, especialmente las grandes fortunas y patrimonios, los beneficios de los bancos y las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras. Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como la prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
La suspensión del proceso de privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro y su transformación en un polo de Banca Pública. Nacionalización de las instituciones financieras que no cumplan su función social de facilitadoras del crédito. Control de las actividades especulativas sobre la deuda soberana.
MANIFESTACIÓN Y ACTO PÚBLICO
DOMINGO 20 MARZO, 12 H.
MADRID. PUERTA DE TOLEDO – PUERTA DEL SOL
