La grabación del vídeo puedes verla en este enlace.
Lo más destacable fueron nuestras mociones y preguntas, y el ruego que realizamos al final de la sesión sobre el paso de la "Marcha Negra" a su paso por nuestro municipio.
Mociones
La primera de ellas fue la relativa a la solicitud de la gestión pública de viviendas.
La vivienda no es un lujo sólo accesible a quien su nivel de renta se lo pueda permitir. La vivienda es un derecho constitucional y así se recoge en su artículo 47 todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. (...) La comunidad participará en las plusvalías que generé la acción urbanística de los entes públicos.
El caso es que este es un derecho que no se cumple. En la actualidad las entidades financieras, en buena parte responsables de la grave crisis económica que padecemos, han sido, junto con los intereses de promotores urbanísticos, empresas constructoras y, en no pocos casos, alentados o con el beneplácito de los poderes públicos, especialmente de los Ayuntamientos.
Las entidades financieras se encuentran en un momento que podemos calificar de muy delicado. Es así por el endeudamiento al que han acudido para poder satisfacer la demanda de crédito que ellos mismos, hay que decirlo una y otra vez, habían alimentado.
Las consecuencias han sido la generación del Fondo de Rescate Ordenado de la Banca (FROB) por una cuantía de cien mil millones de euros, la "bancarización" de las Cajas de Ahorros y el rescate puro y duro que se ha llevado a cabo en Bankia, por poner un ejemplo.
El dinero de esos rescates, de esos fondos, son nuestros impuestos. Es decir, son fondos públicos que no se han empleado en la creación de una banca pública, si no en el mantenimiento de una banca privada que ha quebrado, se mire como se mire.
Lo más sangrante es que estas entidades financieras, que han visto como sus beneficios subían y subían como la espuma en los momentos más elevados de la burbuja inmobiliaria, ahora desahucian a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.
Ante el impago de una serie de cuotas de la hipoteca, situación más frecuente de la deseable por el incremente incesante del desempleo, el banco inicia el proceso de desahucio.
Se trata de un proceso que conlleva el desalojo de la vivienda, por mandato judicial, y la consiguiente subasta de la misma. En la subasta, muy frecuentemente, es el mismo banco quien se hace con la vivienda por la mitad de su precio, por lo que ese cincuenta por ciento restante pasará a formar parte de la deuda que tendrá que asumir el desahuciado. Contará con una deuda de por vida que proviene de un bien, su vivienda, del que ya no disfruta.
Más allá de la dación en pago, sobre la que ya presentamos una moción en su día, en esta ocasión planteábamos que aquellas viviendas de las entidades financieras que han sido objeto de ayudas públicas pasen a ser propiedad del Estado y gestionadas por los Ayuntamientos, con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda y, en el caso concreto de Las Rozas, el Equipo de Gobierno se comprometa a destinar las viviendas de nuestro municipio a aquellas familias y vecinas y vecinos que necesiten un hogar bajo el régimen de alquiler social.
La moción fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de UPyD. Las argumentaciones consistieron básicamente en la intervención política en la actividad económica. Como si no fuera una intervención política el rescate de la banca.
La otra moción presentada fue la de fomento de la participación y el asociacionismo juvenil.
Parece ser que sólo nos acordamos de los jóvenes en tiempo de elecciones, pero en nuestro caso no es así.
La juventud es uno de los sectores más dinámicos de la sociedad y precisan de una atención específica que atienda sus demandas.
Un modo de atender sus demandas, de conocerlas de primera mano, consiste en fomentar el asociacionismo juvenil y en su participación a través del Consejo de la Juventud local.
Además, en esta moción planteábamos un cambio en el modelo de gestión de la Casa de la Juventud, basado en la autogestión de los jóvenes. Así, como la creación de una en Las Matas, con el fin de que los jóvenes mateños no tuvieran que desplazarse hasta Las Rozas, dado el problema de movilidad de nuestro municipio y porque entendemos que Las Matas tiene una entidad propia como para tener su propia Casa de la Juventud.
Se trataba en definitiva de hacer a los jóvenes actores políticos del municipio, decidiendo qué quieren hacer y cómo.
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| Detalle de la Casa de la Juventud de Las Rozas |
Mal asunto cuando es uno de los elementos fundamentales de la cultura democrática.
En este punto debería contarles nuestra argumentación de la moción que sobre Bankia presentó el Grupo Municipal de UPyD, pero el paso del tiempo y la consideración de la denuncia por parte del Tribunal competente la han dejado un tanto obsoleta. Decir, en todo caso, que sólo les preocupa lo que ha pasado, cuestión que a nosotros también, claro está, pero nos inquieta también el futuro de ese banco, cuestión que no aparecía en la moción presentada.
Preguntas
La primera de ellas hizo referencia a los motivos que han conducido al Equipo de Gobierno a la privatización de la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Nuestra posición queda reflejada en esta entrada, que redacté en su momento.
Lo interesante viene dado por la argumentación de la Concejal de Cultura, Mercedes Piera, que no hace mención a la trayectoria del equipo, si no a la mejora de la eficiencia y al ahorro. Es decir, a la precariedad de los trabajadores de la empresa concesionaria de la Escuela, que redundará, esperemos que no, en la calidad. Malos tiempos para la cultura de calidad y altura de nuestro municipio.
Sobre la calidad y la rotación del personal encargado de impartir las clases esperaremos. El tiempo es nuestro aliado.
La segunda pregunta era la relativa al anuncio, por parte de la Comunidad de Madrid, del recorte del 3,3% en la aportación que realiza a los Ayuntamientos para costear el salario de los agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM). Preguntábamos sobre si este recorte afectaría a los salarios de los agentes y las medidas que iba a tomar el Equipo de Gobierno para que este recorte no afectase al cuerpo, ya que supondría una discriminación respecto a los compañeros de la Policía Local.
La respuesta por parte del Concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Espadas, fue lacónica: se asumiría ese recorte por parte del Presupuesto Municipal.
Ya se sabe, lo que recorta Esperanza Aguirre lo terminamos pagando los ciudadanos. En este caso, los receños y los mateños.
Seguiremos informando.
