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domingo, 28 de agosto de 2011

Los efectos de fijar un déficit público en la Constitución

La reforma de la Constitución que, sorpresivamente, propuso el Presidente del Gobierno este martes 23 de agosto, en la que se plantea fijar un límite al déficit del Estado presenta varios efectos.

Darle un buen golpe al exiguo Estado de Bienestar de nuestro país. Dada las pocas prestaciones y su baja cuantía, al establecerse un límite al déficit conlleva en épocas de crisis, como la actual, el recorte de prestaciones y, no menos grave, la imposibilidad de incrementar o generar nuevas prestaciones que palíen los efectos de la crisis entre las clases sociales más castigadas por los efectos de dicha crisis.

La sacralización, vía Carta Magna, de una política económica neoliberal. Se santifica de esta manera que la única política económica que puede llevarse a cabo es una, no contemplándose más alternativas a la misma. El fijar un límite al déficit encamina cualquier otra política económica a no superar ese límite, lo que supone una barrera para cualquier alternativa económica que pudiera plantearse.

El papel de los agentes económicos queda supeditado a ese límite del déficit con claros ganadores y claros perdedores. Entre los ganadores figura todo el entramado de instituciones económicas que se denominan nebulosamente como "mercados" y que han cobrado un gran protagonismo en esta época de globalización y financiarización de la economía. Los perdedores son las clases sociales más castigadas por los efectos de la crisis, clase media y fundamentalmente la clase trabajadora, que son las perceptoras de las políticas sociales del Estado de Bienestar.

Dada la hegemonía de la política económica neoliberal, en cuanto a la pragmática de la  política económica se refiere, se obtura cualquier alternativa de política económica a ella. Es impensable plantear en este momento una política económica de demanda para afrontar la grave crisis económica que venimos padeciendo.

La pérdida de soberanía nacional a manos del entramado económico institucional de la globalización económica. La Unión Europea, con sus gravísimos déficits de democracia y representatividad, se construye atendiendo a las necesidades de ese entramado económico, esto es, de las necesidades del capital, frente a las necesidades sociales, esto es, del mundo del trabajo. Ahí están los ejemplos del Banco Central Europeo, el Tratado de Lisboa, el Pacto del Euro y el proyecto fallido de Constitución Europea.

La defunción de la socialdemocracia como proyecto político. Al asumir las tesis de política económica neoliberales su proyecto de redistribución de la renta y de mayores cuotas de derechos y libertades civiles quedan supeditado a las necesidades y deseos de la clase social dominante. Al ser obvio que dicha clase no es su base electoral su política electoral queda atrapada en el engaño, la manipulación y en la gestión del miedo de las clases sociales que fueron sus bases electorales, esto es, la clase trabajadora y las clases medias urbanas.

La gestión que se ha planteado de la reforma constitucional para establecer un límite al déficit público produce un mayor alejamiento de la ciudadanía respecto al Parlamento. Es despotismo. Una reforma de este calado demanda un referendum para dotarla de la legitimidad que proporciona un plebiscito popular. Nuestra sociedad se ha repolitizado desde el 15-M, dotándose de una conciencia crítica que ha estado ausente de nuestra vida política desde hace mucho tiempo, efectuándose demandas políticas que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno y ha contado con el único respaldo de la izquierda minoritaria en el Parlamento. Izquierda minoritaria precisamente por la Ley Electoral que padecemos y que es una de las principales demandas de reforma que plantea el 15-M: una Ley Electoral más justa y proporcional.

Los que entendemos, porque estamos convencidos de ello, que otra política, otra sociedad y otro mundo es posible demandamos un referendum sobre la modificación de la Constitución.

Porque somos demócratas

jueves, 25 de agosto de 2011

Crisis y Constitución



¿Se acuerdan de que había que refundar el capitalismo? ¿Se acuerdan de que el prócer de la patronal española, el Sr. Ferrán, manifestaba que había que poner un paréntesis en la economía de mercado? ¿Se acuerdan de que había que poner coto a los paraísos fiscales? ¿Que se hablaba de poner en marcha una suerte de Tasa Tobin a las transacciones bursátiles transnacionales? ¿Aquellas pomposas reuniones del G-20? ¿Aquellos sentimientos de culpa?

Pues de eso, a fecha de hoy, nada de nada.

La Unión Europea y, concretamente, el espacio económico europeo ha demostrado a lo largo de toda la gestión de la crisis su endeblez y el papel del Banco Central Europeo ha quedado muy mal parado por su propia inoperancia para afrontar la crisis de la deuda de los diversos países miembros: ya han caído Grecia, Irlanda y Portugal.

Algunos pensaban que la política económica neoliberal había tocado fondo. Su programa económico ha sido realmente el causante de la crisis: desregulación de la actividad económica, trasvase de rentas del trabajo a las rentas del capital, procesos de privatizaciones del sector público cada vez más raquítico, proceso de globalización, financiarización de la actividad económica, ...

Los neokeynesianos afilaban sus cuchillos: veían el momento de establecer un verdadero debate sobre política económica. Los economistas "radicales", la verdadera izquierda económica, observaba el cumplimiento de sus proposiciones y la posibilidad cierta de dar un giro a la política económica, dando el protagonismo al Estado como el agente económico principal y poner coto a la desregulaciòn económica creciente, plantear una política fiscal justa, equitativa y solidaria, estatalizar sectores de la actividad primordiales, poner coto al "juego de azar de las bolsas", proporcionar el protagonismo a la actividad económica productiva frente a la especulativa, ...

El neoliberalismo había tropezado, pero no caído. No por el momento. Sólo había dado un traspié y estaba tomando aire para volver a la ofensiva. Ya están aquí: los planes de ajuste positivo de las economías quebradas de Grecia, Irlanda y Portugal son la mejor muestra de ello. Las políticas de ajuste del resto de economías de la Unión Europea son otros buenos ejemplos. Se vuelve a incidir en más de lo mismo. No funciona, pero eso da igual. El interés propio, el egoísmo, la avaricia, el beneficio económico a costa de lo que sea son los motores de la economía. La política debe plegarse a ellos, no debe interferir en su libre funcionamiento. Debe asegurar ese funcionamiento.

De ahí, la propuesta de fijar constitucionalmente el límite del déficit público. No se plantea establecer una política fiscal justa, equitativa y solidaria, en la que aporten más los que más tienen, los que más ganan para incrementar los ingresos del Estado y no malbaratar el exiguo Estado de Bienestar; o establecer un sector público potente cuyos beneficios económicos contribuyan a los ingresos de las arcas del Estado y permitan no sólo mantener, si no mejorar e incrementar políticas sociales y de lucha contra el desempleo en estos momentos de grave crisis económica.

De eso nada. Se trata de mantener a toda costa y con garantía constitucional los beneficios de las clases ricas, de las más pudientes a costa de las necesidades reales de los trabajadores y de los desempleados. Es el gobierno de los ricos para los ricos.

Se quieren dar prisa en aprobar la reforma de la Constitución en esta misma legislatura y sin convocar un referéndum. En un apaño entre las fuerzas conservadoras de nuestro Parlamento. Por eso no quieren que votemos. Porque saben que la mayoría de la población no es rica y es difícil que se vote en contra de nuestros intereses.

No hay tiempo para reformar la Ley Electoral, pero sí para fijar un límite al déficit público. No hay tiempo para mejorar la representatividad política en nuestro Parlamento. Es la política de una minoría para otra minoría.

Lo llaman Democracia y no lo es.