La Declaración del Encuentro es esta:
La República no sólo es necesaria, se ha convertido en algo imprescindible.
La situación actual de crisis que sufrimos supone una agresión en todo orden a la ciudadanía que pone en tela de juicio el cumplimiento de los valores universales expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde nuestra función y responsabilidad como cargos públicos en pueblos, ciudades, Comunidades Autónomas, en el Congreso, en el Senado y Parlamento Europeo, donde ejercemos labores de representación democrática en puestos de toma de decisiones, elevamos nuestra voz para manifestarnos contra este orden establecido, contra este sistema descarnado, que, sin ningún tipo de contemplaciones, suma en la pobreza más absoluta a la mayoría ciudadana en beneficio de una minoría, despojándola de sus derechos más básicos, a la vez que limitando libertades y coartando cualquier elemento de participación democrática.
Un sistema que consideramos agotado, injusto y con graves carencias democráticas:
- Por un bipartidismo producto de una deficiente representatividad que, además, no puede ofrecer ya si no más pobreza, más injusticia y más corrupción, con el vaciamiento, cuando no incumplimiento, del actual modelo constitucional.
- Porque los derechos sociales recogidos en la Constitución se han convertido desde el principio en papel mojado. Así ocurre, entre otros con el derecho al trabajo (art. 35) y el derecho a una vivienda digna (art. 47), resultando un sarcasmo que a la vez se afirme que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo y que impedirán la especulación del suelo.
- Porque es un régimen monárquico corrupto y con ilegitimidad de origen, con un Jefe de Estado no elegido si no puesto por el dictador Franco, como institución arcaica carente de los más elementales supuestos democráticos.
- Un régimen que permite que permanezca de forma vergonzosa sin resolver la impunidad del franquismo para con sus víctimas, negándoles la verdad, justicia y reparación.
- Una administración de justicia que no cumple con el derechos de todos los ciudadanos a una justicia rápida, justa y efectiva, en lugar de la desigualdad ante la ley, la impunidad, los indultos selectivos y la ausencia de una separación real de poderes.
- Una política educativa, en la cultura y en los medios de comunicación que no están orientadas al pleno desarrollo de las personas, la inteligencia y el disfrute, si no en crear súbditos, más que ciudadanos libres, mediatizados por un pensamiento uniforme.
- Porque su modelo económico es incapaz, por su propia naturaleza, de ofrecer una vida digna a los millones de trabajadores en desempleo, a los miles de ciudadanos que son desahuciados, a los jóvenes que trabajan en precario y con sueldos basura, a los jubilados que sobreviven a duras penas con pensiones de miseria, etc.
- Porque las reivindicaciones de los diferentes pueblos a su derecho a decidir en un marco de mejor convivencia no encuentran solución en el actual Estado de las Autonomías.
- Porque las libertades democráticas y el derecho de opinión, expresión y manifestación están siendo seriamente limitados y reprimidos.
- Porque la política exterior que se distingue por el sometimiento a los intereses de Estados Unidos, con el abandono del pueblo saharaui y palestino, la presencia de bases y la OTAN, los gastos militares, la colaboración en las guerras imperialistas de agresión contra Iraq, Afganistán y Libia, etc. También con la limitación al ejercicio de la Justicia Universal.
Estos y otros rechazables elementos que caracterizan al régimen actual y a las políticas que lo sustentan hacen que nosotras y nosotros, como cargos públicos, queramos presentar con esta Declaración una propuesta para crear una sociedad nueva, formada por mujeres y hombres dueños de su destino, que pueda ofrecer un futuro próximo en mejores condiciones de ser vivido. Esta propuesta, aquí y ahora, no puede ser otra que la de un firme llamamiento por la República.
Una República como ruptura con el modelo monárquico y neoliberal salido de la Transición, que establezca un modelo de Estado más democrático, de más libertad e igualdad, donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno y donde sus derechos y obligaciones estén constitucionalizados y exigibles por ley, teniendo como base los siguientes fundamentos:
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la igualdad entre mujeres y hombres en su dignidad, como punto de partida irrenunciable en la construcción del nuevo ordenamiento jurídico al servicio de los pueblos para satisfacer las necesidades de las personas.
- Un Estado federal donde partiendo de la igualdad de derechos y deberes, con solidaridad y cohesión social, respete el derecho a decidir para los pueblos que así lo quieran ejercer.
- Un Estado laico en sus instituciones y en la sociedad que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia de todos los individuos y la separación entre iglesias y Estado, con una educación que sea pública, laica, universal, gratuita y de calidad, y una cultura al servicio de la inteligencia, la igualdad y la libertad.
- Una Democracia radical y participativa donde la ciudadanía disponga de cauces para su efectiva participación en lo público, con respeto a su voluntad a través de un sistema electoral justo y otros instrumentos de intervención y control ciudadano. Esta democracia es incompatible con una monarquía donde el Jefe del Estado es hereditario.
- Un Estado solidario y por la paz, con una reforma fiscal que establezca la aportación a lo común según las necesidades de cada cual, que permita la distribución social de la riqueza para cubrir las necesidades básicas de los público y de las capas sociales más necesitadas. Una política exterior basada en la paz y la legalidad internacional para la resolución de conflictos y la cooperación entre los pueblos.
- Una economía al servicio de las personas, el interés general y la defensa del medio ambiente, con servicios públicos de salud, educación, servicios sociales, pensiones, ..., que tienen que estar excluidos de su privatización como garantía de satisfacer derechos para todas las personas con una equitativa distribución social. Establecer una banca pública, acometer la reforma agraria, establecer una renta básica como derecho universal de ciudadanía, con acceso a medios de comunicación, etc. El derecho a la vivienda y a un trabajo de calidad, con protección frente al desempleo, permitiendo disfrutar de condiciones para una vida digna.
- La ética y la racionalidad como criterio de funcionamiento y administración; eficacia, transparencia y sobriedad en lo público; estableciendo un código ético de comportamiento del cargo público basado en la honestidad. Contra el consumismo desaforado y con erradicación total y penada de todo tipo de corrupción como lacra inasumible en el modelo de sociedad que defendemos.
Los cargos públicos que suscribimos esta Declaración manifestamos nuestra firme intención de impulsar un proceso constituyente republicano para la construcción de esta propuesta que está abierta sobre estos y otros elementos a la participación de todas y todos para llenarla de contenido, promoverla y defenderla.
La sociedad española ya lo hizo una vez cuando en 1931 la bandera tricolor inundó las calles de pueblos y ciudades abriendo la puerta al cambio político y social, y a la esperanza. Ahora hay que abrirla de nuevo, afirmando con rotundidad que no renunciamos a nuestro futuro, a un futuro de libertad, igualdad y solidaridad, de más justicia y más democracia, como será el que consigamos con nuestro compromiso por la República que propugnamos.
En Madrid a 1 de diciembre de 2013.
¡¡¡Viva la República!!!
