No se había hablado, casi, hasta el momento de un gran pacto social, de un plan de concertación social, dado el respaldo electoral obtenido por el Partido Popular en las Elecciones Generales con su correlato en una abrumadora mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
No era necesario. La legitimidad del Gobierno a la hora de aplicar su política económica para afrontar la crisis y sus graves consecuencias sociales no hacen, hacían, necesario un pacto social.
Un pacto social supone el acuerdo entre capital y trabajo para repartir las graves consecuencias sociales de la crisis. Se presupone un reparto equitativo y, por lo tanto, justo entre ambas partes.
Pero, ¿qué tipo de pacto se puede alcanzar?
Para el beneficio de la clase trabajadora ninguno. Los embates contra el mundo del trabajo se vienen produciendo desde las políticas de ajuste estructural para afrontar la crisis de los 70. Ahí está el ejemplo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña en su versión más depurada que llega hasta nuestros días.
El gran beneficiario de un gran pacto social sería, en primer lugar, el Gobierno y, en segundo lugar, el capital.
El Gobierno, porque sin mover un ápice su política económica de ajuste puro y duro, que no considera los graves efectos sociales de esa política que sigue, -mejor dicho, sí los considera pero en forma de coste de sus políticas de clase, muy asumible hasta el momento, por cierto-, obtendría una legitimidad en el ejercicio de sus tareas de gobierno frente a un creciente descontento popular.
El capital obtendría la legitimidad política de que son beneficiarios de la política económica del Gobierno porque así se habría acordado entre los partidos políticos, los agentes sociales y el Gobierno, que es en definitiva el responsable de la aplicación de la política económica y de las menguantes políticas sociales.
Volvemos al enésimo capítulo de la CT, Cultura de la Transición: no se va a poner en entredicho la política neoliberal de ajuste del Gobierno, aquella que nos ha conducido a esta grave recesión económica y que se plantea, cínica e irónicamente, sacarnos de ella. El dogma económico neoliberal se impone por la fuerza de la fe en sus postulados.
Va a dar legitimidad política a la Reforma Laboral del Gobierno que nos ha conducido a la cifra más elevada de desempleo de nuestra historia, 6.202.700 desempleados, de los que cerca de dos millones no perciben ninguna prestación que palíe su situación, en el escenario del imaginario colectivo de que es mejor tener cualquier tipo de empleo a no tener ninguno.
Va a dar carta de naturaleza a la cifra de la deuda pública, notablemente incrementada por las ayudas públicas a la banca, sin necesidad de una auditoría que dé cuenta de la parte ilegítima de esa deuda.
No se va a discutir el papel maltrecho de la soberanía popular, al actuar al dictado de la Troika, ni el desprecio a la democracia y a la participación ciudadana, que ha obtenido una imagen perfecta en la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago y su tramitación parlamentaria.
Se trata, en suma, de que los efectos de la recesión económica recaigan sobre la espalda de los de siempre, de los trabajadores y trabajadoras.
Debemos recordar, en estos tiempos que corren la prueba es irrefutable, que el capitalismo es un juego de suma cero: lo que gana el capital lo pierde el trabajo. De ahí el fracaso de la socialdemocracia a la hora de afrontar las últimas crisis económicas: no se trata de acordar el reparto del excedente económico en un momento de gran debilidad de la clase trabajadora, como efecto de las políticas desreguladoras del mundo del trabajo, si no de subvertir el orden económico, político y social.
Sólo así saldremos de la recesión económica en la que nos encontramos, poniendo la política económica al servicio de las personas y no poniendo a éstas al servicio de la política económica de clase, que sólo beneficia al capital.
El momento de la regeneración ha pasado. Es el momento de la ruptura democrática para una salida social a la crisis.
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