viernes, 5 de abril de 2013

Sobre la Reforma de las Haciendas Locales

Como ya sabes, la recesión económica en la que nos encontramos instalados es culpa nuestra: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La vivienda, con esos precios inaccesibles, nos condujeron a solicitar créditos hipotecarios muy por encima de nuestro nivel de riesgo; claro que los bancos, enloquecidos por captar el mayor número posible de hipotecas e incrementar la cuantía de cada una de ellas, -suponen relaciones comerciales de por vida-, nos prestaron esas hipotecas para comprar la casa, amueblarla, comprarnos un magnífico coche nuevo e irnos de vacaciones para celebrar todo el fasto crediticio que nos habían colocado.

Nada más lejos de la realidad, como ya sabemos. Los responsables de esta recesión han sido las entidades financieras que se han movido, única y exclusivamente, por la codicia, la avaricia, el corto plazo y la más absoluta de las irresponsabilidades en la concesión del crédito. Claro está que esta situación les convenía: se ganaba más con la especulación inmobiliaria e inflando esa burbuja que con créditos a la actividad productiva de las empresas.

El caso es que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, está convencido, o no, pero nos lo pretende hacer creer, que son los Ayuntamientos los que han contribuido a la generación de déficit público, y no la financiación pública para el rescate de las entidades financieras que se ha convertido en deuda pública con el fin de garantizar el cobro a aquellas entidades financieras extranjeras que dieron crédito a los bancos españoles para la fiesta del crédito.

El Ministro ha encontrado un nuevo chivo expiatorio: los Ayuntamientos.

En nuestro Ayuntamiento no se gestiona todo lo bien que se debiera el Presupuesto Municipal. Con nuestro dinero se financian obras e instalaciones que deberían correr a cargo de la Administración Autonómica, -Comunidad de Madrid-, o de la Estatal. En el primero de los casos se encuentra la construcción y rehabilitación de centros escolares, pese a que se suscribe un Convenio con la Consejería de Educación, nuestro Ayuntamiento adelanta la financiación para las obras de construcción y luego la Comunidad nunca nos devuelve el dinero. En el segundo de los casos se encuentran obras como el puente de Las Matas o el puente "del cartabón", o como más pomposamente le gusta llamarlo al Partido Popular Puerta de Las Rozas.

Pero no sólo es eso, también hay que contar con otras instalaciones e infraestructuras que sí son responsabilidad de nuestro Ayuntamiento pero que se les ha ido de las manos. Es el caso del Recinto Multiusos, cuya utilización, citando de memoria, consiste en la celebración de los festejos taurinos de nuestras fiestas, un concierto solidario al poco de haber concluido la obra y un macro mitín en las últimas Elecciones Municipales Autonómicas del Partido Popular, al que asistieron Esperanza Aguirre y José María Aznar para mayor gloria de nuestro pueblo.

También deberíamos hablar de los salarios o dietas que percibimos los Concejales, del número de Tenientes de Alcalde, -ocho, ni más ni menos-, y del número, excesivo a todas luces, del personal eventual que nombra el Alcalde. Pese a que muchos pusieron el grito en el cielo, me permito recordar que nuestro Grupo Municipal fue el único que se opuso a tamaño disparate.


Hay ejemplos de estos dislates, de la alegría con la que se maneja el Presupuesto Municipal, nuestro dinero, en muchos Ayuntamientos, pero de ahí al Anteproyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales media un abismo.

Y digo que media un abismo, porque cualquier modificación de la estructura de la Administración Pública de nuestro Estado debe ser objeto de debate y del mayor consenso posible, no consecuencia de la aplicación de la mayoría absoluta en el Parlamento, de una imposición del Gobierno.

El caso es que sí existe un consenso de partida: el artículo 135 de la Constitución Española. Sí, esa modificación de ese texto sagrado, que se hizo con agosticidad y alevosía en quince días entre el bipartidismo rampante de este país, PPSOE, y que conduce a que lo primero que se tenga en cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto sea el pago de la deuda pública, esa deuda ilegítima fruto de la ayuda a las entidades financieras.

La pregunta es ¿cuál es el peso de la Administración Local en el déficit público? Según datos oficiales es del 4,5% antes, claro está de los Planes de Ajuste que han producido un incremento de esa cifra. Aún así se aplican las medidas de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, porque es el dogma de la ideología económica neoliberal que guía la política económica; pese, además, a que la Unión Europea ha flexibilizado los objetivos del déficit público y esto no se ha trasladado a modificar los objetivos para el resto de las Administraciones Públicas. Pura y dura, hay que decirlo, deslealtad institucional.

¿Cómo afecta esta Reforma de las Administraciones Locales a nuestro municipio?

Como he comentado anteriormente, el Presupuesto Municipal se encuentra intervenido por dos elementos: el Plan de Saneamiento 2009-2015 y el Plan de Ajuste Municipal 2012-2022, por lo que el margen de maniobra para acometer inversiones es prácticamente inexistente, ya que en la práctica estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el encargado de dar el visto bueno al Presupuesto Municipal.

Las competencias del Ayuntamiento se pueden ver seriamente mermadas.

El Anteproyecto habla de la eliminación de duplicidades, -¿por qué las llaman duplicidades cuando quieren decir recortes en los servicios públicos?-, y las competencias impropias, éstas son las que realizan los Ayuntamientos porque ninguna otra Administración las lleva a cabo, atendiendo a las necesidades y demandas de sus vecinos y vecinas. Sería más propio hablar de competencias compartidas entre las Administraciones.

Se trata, ni más ni menos, de eliminar competencias a los Ayuntamientos en materias tan importantes para el día a día de la ciudadanía como educación, sanidad y servicios sociales, por citar sólo unos ejemplos, que pasarían a ser ejercidas por la Comunidad de Madrid, eso sí, sin su correspondiente financiación.

Duplicidades no, si no más bien desmantelamiento de servicios públicos prestados por nuestro Ayuntamiento.

Clarificación de competencias entre Administraciones tampoco. El objetivo que se pretende alcanzar es dejar a los Ayuntamientos reducidos a su mínima expresión, ser tutelados por las Administraciones del Estado superiores, -Comunidad de Madrid, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, siendo despreciados como parte integrante de la organización del Estado y obviando, muy intencionadamente, su igualdad con el resto de las Administraciones.

La supuesta racionalización de la estructura organizativa de los Ayuntamientos lo que plantea en suma es la privatización de los servicios públicos. La Reforma reconoce como uno de sus objetivos la promoción de la iniciativa económica privada al evitar intervenciones administrativas desmesuradas. Más mercado, ni más ni menos, para cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía. Los efectos serán el incremento de la pobreza, tanto relativa como absoluta, de la población y el deterioro de los servicios públicos.

En resumen, se trata de debilitar la democracia local mediante la reducción de sus competencias a la mínima expresión, la anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualquier otra consideración en la gestión municipal y la privatización de los servicios públicos municipales.


La financiación, el ajuste presupuestario de las cuentas municipales, es la clave de bóveda de la Reforma.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de fijar un coste estándar para todos y cada uno de los servicios prestados. La fijación de este coste marcará que servicios puede prestar el Ayuntamiento y cuales no. Si el Ayuntamiento es capaz de realizarlos por debajo de ese coste continuará llevando a cabo esos servicios. En el caso de que su coste sea superior a esa media, los servicios serán prestados por la Comunidad de Madrid, por lo que le será retirada la correspondiente competencia al Ayuntamiento y los precios y tasas públicas de ese servicio serán fijados por la Comunidad.

Esto supone la creación de un gran negocio para las grandes empresas, que verán como se generan lotes de servicios a prestar en decenas de Ayuntamientos que serán objeto de contratación pública. No se puede olvidar que el ánimo de la empresa privada es el beneficio industrial y no la cobertura de necesidades y demandas de la población, ni la calidad del servicio prestado.

¿Dónde quedan los intereses de los vecinos y vecinas y sus demandas?, al albur del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del beneficio de grandes empresas.

Se puede valorar esta Reforma de las Haciendas Locales como un retorno al moderantismo del Siglo XIX, a la vuelta al caciquismo y al clientelismo en la representación política en nuestros Ayuntamientos.

El Partido Popular habla del ahorro de gastos en los cargos públicos, limitando sus remuneraciones y el personal eventual de libre designación, cuestiones importantes en Las Rozas, pero hay que tener en cuenta que las remuneraciones que percibimos los cargos públicos deben ser suficientes y dignas, a no ser que seamos partidarios del sufragio pasivo censitario, de tal manera que pueda ser elegido cargo público aquel que tenga un nivel de renta suficiente como para poderse permitir ser Concejal sin percibir remuneración alguna.

Mientras en las calles, gritamos por más democracia, más participación, más transparencia en la gestión de lo público, el Gobierno del Partido Popular plantea el desmantelamiento de los Ayuntamientos, la Administración más cercana a la ciudadanía, el primer escalón de la representación popular. Pretende sustituirlo por la eliminación de competencias y de los servicios sociales consolidados, junto con una ausencia total de planes de financiación que producirá, en última instancia, con la privatización de los servicios públicos municipales.

Se pretende eliminar el poder de lo cercano, alejando de la ciudadanía la gestión de lo público, de lo común, de lo de todos y todas, de lo nuestro, fortaleciendo la deriva autoritaria el alejamiento de la política de lo próximo. El Gobierno responde a las demandas de más democracia, más participación ciudadana, más transparencia en la gestión con más tutelaje y una democracia y una participación ciudadana empequeñecida hasta su mínima expresión.

No lo podemos consentir.