El pasado día 28 de febrero de 2013, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra distintos miembros del Partido Popular y ocho empresarios de la construcción, entre otros, por la posible comisión de graves delitos que se habrían cometido durante años, delitos relacionados con las presuntas entregas de dinero por empresas constructoras al Partido Popular, a varios ministros y varios dirigentes, todos del anterior partido, con el fin de obtener contratos millonarios por parte del Estado para la realización de distintas obras públicas.
A juicio de los querellantes, esta actuación, de confirmarse, dejaría al descubierto una íntima relación de intereses entre diversas empresas constructoras y el Partido Popular, fuerza política que, durante numerosos años ha tutelado la Administración Central del Estado y buena parte de las administraciones territoriales de este país. Esta coalición de intereses podría haber tenido una importancia capital en el devenir pasado, presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en el impulso descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de empleo basado casi en exclusiva en las grandes obras y en la construcción, modelo que fácilmente puede considerarse que ha respondido más a los intereses de los adjudicatarios de obras y planeamientos urbanísticos que a los verdaderos intereses de la ciudadanía.
Todo ello debe ponerse en relación con el fatal desenlace que dicho modelo de desarrollo ha tenido en la economía nacional, ya que el hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, el endeudamiento imparable del Estado, los rescates mil millonarios al sector financiero privado, y en consecuencia de lo anterior, a unos niveles de paro insoportables, con más del 26% de la población en situación de desempleo, miles de familias desahuciadas de sus viviendas, a un despedazamiento de los servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos y a la mutilación de los derechos sociales.
Lo anterior ha venido derivado de las exigencias de las instituciones gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados financieros, para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de desarrollo ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas finales son asumidas por la economía nacional, mientras que los beneficios fueron recogidos en exclusiva por las grandes empresas constructoras y los directivos que las dirigían.
Así, debe apuntarse que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han precisado del rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país que más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. Y eso a pesar de las continuas denuncias que desde los movimientos ciudadanos y ecologistas se han venido realizando durante años, evidenciando la inversión insostenible en infraestructuras multimillonarias, que ha quedado cristalizada en estaciones ferroviarias fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados….
Mientras se justificaban esas grandes obras en aras del desarrollo económico general, muchas organizaciones y particulares venían apuntando al posible lucro ilícito de unos pocos, sospechas que tras la revelación de los documentos manuscritos contables atribuidos al ahora querellado Luis Bárcenas han pasado a ser clarividentes demostraciones de la arbitrariedad –probablemente criminal– que desde el poder público se ha venido aplicando a la hora de impulsar un modelo de desarrollo del que parece que al final solo se han beneficiado los directamente interesados en la ejecución de las obras y planeamientos y aquellos que han cobrado de los anteriores.
El mismo día 28 de febrero, tras la presentación de la querella mencionada ante la Audiencia Nacional, el Partido Popular –que sigue sin querellarse contra Luis Bárcenas– hizo público un comunicado en el que amenazaba a las organizaciones políticas y sociales querellantes con interponerles una querella por los delitos de calumnias e injurias.
Puedes ver el texto de la querella en este enlace.
Y firmar el apoyo a la querella aquí.
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