miércoles, 2 de enero de 2013

El cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido en el Ayuntamiento de Las Rozas

Continuo dando cuenta del Pleno Municipal del 28 de noviembre, que va pasando el tiempo y se me acumula el trabajo.

En esta ocasión se trata de una de las dos preguntas que elevamos a Pleno. La pregunta era la siguiente, ¿Se cumple la Ley de Integración Social del Minusválido en el Ayuntamiento de Las Rozas? En caso afirmativo, nos gustaría disponer del número de trabajadores con minusvalía contratados en este Consistorio.

Se estima que 600.000 discapacitados en edad laboral están inactivos en nuestro país, según datos de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La administración pública tiene que poner todos los medios a su alcance para compensar la desigualdad de condiciones en la que se encuentra este colectivo a la hora de encontrar empleo.

En las Ofertas Públicas de Empleo, que ha congelado el Gobierno del Partido Popular, se exigía que al menos un 7% de las plazas se reservaran para personas discapacitadas, -un 2% para personas con discapacidad intelectual. Así mismo, la normativa obliga a que el 5% de las personas contratadas en la Administración tengan algún tipo de minusvalía.

Se permite de forma excepcional cubrir este porcentaje mediante la contratación de Centros Especiales de Empleo. Sin embargo este tipo de contrataciones se ha generalizado, por lo que pierde su condición de excepcionalidad y suponen en muchos casos guetos laborales para los discapacitados. Izquierda Unida-Los Verdes apoya a los Centros Especiales de Empleo como enlaces entre las personas con minusvalías y el mundo laboral pero al encasillarles en organizaciones específicas dificulta también su acceso a la vida laboral normalizada y a su integración social plena.

Además, no podemos olvidar que la política de recortes del Partido Popular afecta también, y mucho, a las personas con discapacidad, aumentando la desigualdad que sufren. Por ejemplo, la última reforma sanitaria dificulta su acceso a este servicio público indispensable.

Otro tema fundamental para conseguir la integración social y laboral de las personas con discapacidad es incidir en su formación. Esta es una reivindicación de las organizaciones que representan a este colectivo. Exigen programas específicos de formación dirigidos especialmente a las nuevas tecnologías.

Como representantes públicos podemos y debemos tomar cartas en el asunto para conseguir la integración social y laboral, -dos términos íntimamente ligados-, de las personas discapacitadas. La Administración Pública tiene que poner todas las medidas a su alcance para que los discapacitados accedan al empleo y al autoempleo.


Nos respondió la Concejal de Recursos Humanos, Cristina Sopeña, indicándonos que el Ayuntamiento actualmente emplea a ocho personas con una minusvalía igual o superior al 33%.

Añadió, además, que la Concejalía de Servicios Sociales desarrolla toda una serie de actividades dirigidas al colectivo, desde la atención especializada, la valoración de la dependencia, la gestión de ayudas económicas, el ocio y la eliminación de barreras arquitectónicas. Este último punto es a todas luces increíble: basta darse un paseo por el casco urbano de Las Rozas para comprobar las innumerables barreras arquitectónicas que imposibilitan una adecuada movilidad.

Nos apuntó, también, los convenios suscritos con la Asociación Nuevo Horizonte y la Fundación Balder, aparte del Convenio con el colegio público Monte Abantos.

Poco después de realizar esta pregunta tuvimos la oportunidad de visitar la Fundación Trébol y admirar la importante labor que desarrollan con discapacitados psíquicos. Algo promoveremos desde nuestro Grupo Municipal para favorecer a esta Fundación.