En esta entrada comentaré la primera de las dos preguntas que formulamos.
La pregunta fue: Recientemente la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado el cobro de los servicios prestados en los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid. ¿Tiene conocimiento de este hecho el Equipo de Gobierno?
Nos llamó especialmente la atención la noticia, ya que pocos días antes habíamos visitado el Punto de Encuentro Familiar de Las Rozas para conocer su actividad y su problemática.
El pasado mes de octubre ya elevamos a Pleno una pregunta, ya que nos preocupa su posible cierre por parte de la Comunidad de Madrid, que es de la Administración de la que dependen.
Nos llamó la atención la clausura de seis de los ocho centros de nuestra Comunidad, por lo que quedan únicamente abiertos y prestando servicio los ubicados en Móstoles y el de Las Rozas.
Es evidente que el cierre de esos Puntos de Encuentro Familiar, -PEF-, saturará los dos que quedan abiertos y supondrá la centralización del servicio con el consiguiente trastorno para los ciudadanos, -madres, padres, familiares y niños-, que se tienen que desplazar.
Continuamos teniendo serias sospechas de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiera liquidar por la vía presupuestaria este servicio público fundamental, cuya finalidad es la de garantizar el derecho a las niñas y a los niños a relacionarse con sus padres y familiares, además de orientarles y atenderles con el fin de evitar problemas personales y psicológicos.
De momento se ha anunciado el cobro de precios públicos en los PEF y los Centros de Apoyo a la Familia: cada entrega de los menores costará cinco euros, cada recogida cinco euros, y las visitas tuteladas diez euros.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende reducir la lista de espera con la obligación de que los ciudadanos paguen. En este momento hay que recordar que esa lista de espera ha sido creada por el Gobierno mismo al degradar el servicio que se presta.
No nos encontramos ante un caso aislado de degradación de un servicio público. El desmantelamiento de estos servicios públicos es el denominador común de las políticas del Partido Popular, que no duda siquiera en mercantilizarlos. Son los casos de la educación y de la sanidad, por citar sólo dos ejemplos, que se están dejando en manos de empresas privadas.
Siguiendo con los PEF, ¿qué ocurrirá con las familias que no puedan costearse el servicio?
Esperamos que este Equipo de Gobierno tome las medidas oportunas para que ningún vecino o vecina de Las Rozas o de Las Matas que necesite de este servicio quede sin él por no poderlo pagar.
Debemos recordar que en el fondo de este debate no se encuentran modelos de gestión, si no los derechos de los niños y niñas.
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