martes, 20 de marzo de 2012

Pleno Municipal del 29 de febrero de 2012

El Pleno Municipal correspondiente al mes de  febrero se celebró el miércoles 29.


Puedes ver el vídeo de ese Pleno en este enlace.


Ese mismo día se celebraba el Día internacional de las Enfermedades Raras, por lo que el Alcalde realizó una declaración institucional de apoyo a esos enfermos y enfermas, así como a las medidas sanitarias y sociales que contribuyan a solucionar y mejorar su día a día.


Volviendo al Pleno Municipal, entre las cuestiones que se trataron, más allá de las mociones que presentó nuestro Grupo Municipal, destaca la relativa a la información sobre los informes de la Tesorería Municipal, en cumplimiento de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y anexos estadísticos del tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2011.


Esta cuestión que a primera vista puede parecer alarmante, en cuanto supone que no se pague a los proveedores y contratistas en un plazo de tiempo razonable, es para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento una situación normal debido a la emisión de facturas a final de año. Además, apuntó el Concejal de Hacienda, que la evolución en el pago a proveedores y el plazo de pago es correcto y se está trabajando, en la actualidad, para una rápida liberación de esas facturas pendientes de pago.


El caso es que en el momento de redactar esta entrada al blog, el Gobierno ha emitido un Real Decreto Ley, mediante el cual se establece un mecanismo de pago de las facturas pendientes de cobro a proveedores y contratistas de las entidades locales, a fecha 31 de diciembre de 2011. Este mecanismo supone listar el número de acreedores, sus facturas y sus cuantías para que a través del Instituto de Crédito Oficial y con la intermediación de las entidades financieras colaboradoras, sean cobradas en un plazo de tiempo breve.


A fecha de hoy, pendiente de revisar esos listados en la Intervención Municipal, según me comentó el Concejal de Hacienda, y citando de memoria los datos, la solicitud que iba a realizar nuestro Ayuntamiento ascendía a la cantidad de poco más de ocho millones de euros, que se corresponden con el pago a doce, quince proveedores y contratistas.


Cuando sepa algo más de este espinoso asunto, lo comentaré en el blog.


Mociones


Nuestro Grupo Municipal, como es habitual y ya costumbre, presentó dos mociones.


La primera de ellas fue la relativa a la solicitud de paralización de la aplicación del Real Decreto-Ley 3/2012, de Reforma del Mercado Laboral y para la apertura de una mesa de negociación con los agentes sociales y las fuerzas políticas.


La Reforma Laboral establecida por el Gobierno no tiene parangón en la Historia de nuestro país. Supone la reforma más regresiva de las relaciones laborales a las que hemos asistido, y han sido unas cuantas, sin contar con el acuerdo entre los agentes sociales.


El que no haya contado con el acuerdo de los agentes sociales ha supuesto que el mundo del trabajo vea menoscabado grave y profundamente sus derechos, conquistados a lo largo de los años. Es una reforma laboral unilateral y que beneficia a una sola de las partes de la relación: el empresario.


Implica la quiebra del equilibrio entre las partes de la relación laboral, ya que en nombre de un empleo precario, -una vana esperanza para los millones de desempleados y desempleadas de nuestro país-, la reforma conduce al beneficio de los empresarios frente al conjunto de la clase trabajadora, mayoritaria, de nuestro país. Se gobierna a favor de unos pocos, frente a los intereses generales de la ciudadanía.




Menoscabos, tanto en el ámbito individual de las relaciones laborales como en el ámbito colectivo.


Desde el ámbito individual, asistimos a una nueva vuelta de tuerca en la precarización del conjunto de las relaciones laborales.


Se produce una reducción de las indemnizaciones por despido, pasándose de los 45 días por año trabajado y un máximo de 45 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 mensualidades, en general.


Se amplían las causas para el despido objetivo, tales como la bajada de las ventas previstas por la empresa, sin entrar en pérdidas, o la mera disminución de ingresos. En estos casos la indemnización es de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.


Además, se pueden alterar de modo unilateral las condiciones de trabajo, -salario, jornada, funciones-, bajo amenaza de despido objetivo, que debemos recordar que suponen 20 días de indemnización por un máximo de 12 mensualidades.



Por lo que respecta a las nuevos modelos de contrataciones, se vuelve a retomar el denostado y fraudulento contrato de formación y aprendizaje, para trabajadores y trabajadoras de hasta 30 años y con el 75% del salario fijado en el Convenio Colectivo.


Se establece un nuevo contrato con un período de prueba de 12 meses con despido libre y gratuito, ya que no tiene fijada indemnización alguna. El despido puede producirse sin ningún tipo de alegación en su causa.


El efecto de estas medidas va a ser el de rejuvenecer las plantillas de las empresas, que no el generar empleo. Este empleo, además tendrá menos derechos y un menor salario.


Desde el ámbito colectivo de las relaciones laborales, la  reforma supone un duro varapalo a la Negociación Colectiva.


Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE's) ya no van a precisar la autorización administrativa previa, si no tan sólo la negociación con la representación legal de los trabajadores. Ante esta situación, sólo quedará el recurso a la demanda ante la autoridad judicial.


Por lo que respecta a la Negociación Colectiva, se acaba con la ultraactividad de los Convenios Colectivos. Los Convenios que hayan sido extinguidos o denunciados sólo mantendrán su validez 24 meses. Los trabajadores afectados quedarán bajo la regulación de mínimos que establece el Estatuto de los Trabajadores.


Se produce, con la Reforma la prevalencia del Convenio de Empresa frente a los de ámbito superior, tales como el provincial, el autonómico o el estatal. Esto conlleva la quiebra del modelo de Negociación Colectiva de nuestro país y se lleva por delante su articulación, cuya construcción se estaba realizando de manera costosa y trabajosa, acuerdo tras acuerdo, con la patronal.


Este no es un tema menor pese a la abstracción a la que pueda conducirnos. Las Organizaciones Sindicales son más fuertes en los ámbitos superiores de la negociación y muestran una mayor debilidad, por su escasa presencia en las empresas y más aún en el caso de las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en la estructura económica de nuestro país, debido a las dificultades que se encuentran para celebrar elecciones sindicales y el chantaje y la coacción de la que son objeto los trabajadores y trabajadoras que tienen la osadía de presentarse en una lista o ser delegados de personal de la empresa en la que trabajan.


Por si fuera poco, las empresas pueden descolgarse de los Convenios Colectivos en el caso de que se aleguen dificultades de carácter técnico, organizativos, producción, bajada de ventas o ingresos previstos.


Se ofrecen bonificaciones en las aportaciones empresariales a la Seguridad Social a las nuevas contrataciones, con cuantías que oscilan entre los 3000 y los 4500 euros, dependiendo del tipo de contrato y del colectivo al que se dirija.


Pero esta reforma laboral no es sólo de aplicación en el ámbito de la empresa, si no que las administraciones públicas también son objeto de la misma. Existe la posibilidad de aplicar el despido por causas objetivas al personal laboral, aduciendo causas técnicas, organizativas o de producción.


Las empresas de trabajo temporal (ETT's) consiguen al final, a demanda de la patronal de las grandes empresas del sector, convertirse en agencias de colocación frente a los ya depauperados servicios de empleo público por la falta de recursos para que cumplan con su fin de intermediación en el mercado de trabajo. La consecuencia de que las ETT's se conviertan en agencias de colocación es una mayor precarización de la contratación, en particular, y de las condiciones de trabajo, en general.


En conclusión, el máximo beneficiario de esta reforma laboral es el empresario que ve como se reduce el coste del despido y se bonifican nuevas contrataciones.


Se bonifican las entradas, nuevas contrataciones, y las salidas, despidos, del mercado de trabajo.


De este modo, la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular ataca los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras, dando un poder omnímodo a los empresarios y empresarias en la gestión de la fuerza de trabajo en sus empresas.


Se asesta un duro golpe al Derecho del Trabajo al modificarse la Negociación Colectiva, la tutela judicial efectiva y su idiosincrático carácter tuitivo.


Sin crecimiento económico, sin generación de actividad económica, nuestra economía es incapaz de generar empleo. El empleo que se va a generar con esta reforma laboral va a ser precario hasta unos límites hasta hoy desconocidos.


Además, hay que considerar que ninguna de las reformas laborales realizadas hasta la fecha ha generado empleo por sí misma.aún


En fin, esta reforma laboral ha asumido, sin ningún tipo de complejos, las exigencias de la Patronal, esto es, el coste del despido y la flexibilización de las gestión de la fuerza de trabajo en el seno de las empresas. La elevada tasa de desempleo que sufrimos la ciudadanía ha sido utilizada como la coartada para favorecer los intereses de los empresarios en detrimento de los intereses de la mayoría de la ciudadanía, la clase trabajadora.


El caso es que el Grupo Municipal del Partido Popular votó en contra de la moción, el PSOE votó a favor, -presentó también una moción en semejantes términos, para lo que hay que tener valor, al haber sido su Gobierno objeto de una Huelga General el  29 de septiembre de 2010 también por una reforma laboral que lesionaba los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Oportunismo político-, y, ¡oh, sorpresa! contó con la abstención del Grupo Municipal de UPyD, al entender positivamente el papel que se les atribuye a las ETT's en su función de agencias de colocación y que nuestra moción era una invitación, ni más ni menos, que a la convocatoria de una Huelga General. Los tiempos les han adelantado: hay convocatoria de Huelga General, como es sabido por todos, para este 29 de marzo.


La segunda de nuestras mociones fue la relativa a las duplicidades en las administraciones públicas.


Con el caso de las duplicidades, que no se producen en el número y la cuantía que desearían los que más las denuncian, se intenta asestar otro golpe a las políticas sociales, objeto en este contexto de recesión económica, de recorte tras recorte en sus cuantías y en sus beneficiarios. Los Ayuntamientos se convierten en los chivos expiatorios del ajuste duro de la deuda pública.


El problema central reside, por una parte, en que no existe una delimitación clara de las competencias locales y, por otra, que las competencias municipales exclusivas han sido sobrepasadas por el devenir de los tiempos.


Así, los costes que asumen los Ayuntamientos por desarrollar competencias que no les son propias, pero que sí desarrollan en aras de una mejora del bienestar y de la calidad de vida de sus vecinas y vecinos, conllevan un notable gasto en su presupuesto. No podemos olvidar que los Ayuntamientos han sido los que han garantizado el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país.


Emerge en este punto el problema de la financiación local, cuestión que ha sido orillada por todos los Gobiernos, objetivamente insuficiente a todas luces.


Como nota de lo dicho, apuntar que la proporción de las transferencias de los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas no alcanzan el 40%.


No hay margen en la normativa de las entidades locales para establecer una política fiscal justa y progresiva que produzca en último término contar con los recursos económicos y financieros suficientes para estar en disposición de afrontar las políticas y los servicios que mejoren la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.


Se plantean de este modo, en toda su crudeza, dos de las más graves carencias que afrontan los Ayuntamientos: la autonomía política y la suficiencia financiera.


La idea es que el sistema de reparto de competencias parta de la base de la proximidad a la ciudadanía. Desde Izquierda Unida entendemos a los Ayuntamientos como los espacios de organización social y de la construcción de la ciudadanía, desde gobiernos democráticamente participados, socialmente justos y ecológicamente sostenibles.


El problema es que no se ha producido un desarrollo del Pacto Local que busque garantizar  la prestación de servicios a la ciudadanía.


El desarrollo del Pacto Local debe clarificar y garantizar las competencias locales y conseguir una financiación suficiente que de lugar a la promoción de unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.


Debe considerar el derecho a la autonomía local, basándose en los principios de subsidiariedad, la claridad competencial y la garantía del derecho a la calidad en los servicios públicos.


En fin, el debate sobre las duplicidades es un falso debate que pretende la legitimación de los recortes en los servicios públicos; incrementando el desempleo al no convocarse ofertas de empleo público y amortizándose puestos de trabajo en la administración local; y perjudicando a la ciudadanía, especialmente a aquella más vulnerable y, por tanto, más castigada por los efectos de la recesión económica en la que nos encontramos actualmente.


La votación de esta moción sólo contó con el apoyo de nuegarantizandostro Grupo Municipal, la abstención del PSOE y el voto en contra del Partido Popular y de UPyD.


La moción de UPyD sobre la adopción de medidas que corrijan la duplicidad de los servicios de emergencia en Las Rozas, SAMUR y SUMMA 112 contó con el voto favorable de todos los Grupos Municipales, al transaccionarse los acuerdos que planteaba la moción presentada, creándose una Comisión que estudie esas posibles duplicidades.


Desde nuestro Grupo Municipal tenemos claro que no permitiremos una degradación del servicio de emergencias con el que contamos, ni dejaremos que sea objeto de debate su cercania, ya que la proximidad de este tipo de servicios es la que garantiza su efectividad y su razón de ser.


Preguntas


Como en todos los Plenos, nuestro Grupo Municipal tiene derecho a la realización de dos preguntas.


Las preguntas que realizamos en este Pleno fueron las siguientes.


¿Cuándo se va a proceder a al traslado del Instituto de Enseñanza Secundaria I?


El traslado de este Instituto se debe al Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de fecha 28 de septiembre de 2010. Si, han leído bien, año 2010.


Nos preocupa esta situación. La dirección del centro remitió una carta a la Concejal sobre el futuro del Instituto, así como la Asociación de Madres y Padres, con la que nos reunimos en el mes de julio para conocer de primera sus preocupaciones, ya que afectan a sus propios hijos e hijas. Además, hay que considerar que ya que se iba a producir el traslado del centro, llevan ocho años sin realizarse ningún tipo de obra de mantenimiento y mejora en el Instituto.


La respuesta que nos dio la Concejal de Educación y Cultura no pudo ser más clara: el traslado de ese Instituto no se va a producir en este mandato.


Pero ahora lo que nos preocupa es el estado actual del centro. En este punto, sí que nos respondió que se había dado traslado a la Comunidad de Madrid de una comunicación en la que se daba cuenta de la situación del Instituto y la solicitud de que se procediese a remozar el edificio y a actualizar los servicios del centro, priorizándose esta actuación a solicitud del Ayuntamiento ante la Consejería de Educación.


Esperaremos al inicio del próximo curso.




La otra pregunta fue ¿Cree el Equipo de Gobierno que el proyecto de Club de Campo en la Finca de El Garzo representa el modelo de desarrollo necesario para una salida social y ecológicamente sostenible a la actual crisis económica?


Pues, pásmense ustedes, porque la respuesta que nos ofreció la Concejal de Distrito Norte, Marisa del Olmo, fue afirmativa.


¿En qué se basa para tamaña barbaridad? Nada nuevo en el argumentario del Gobierno de Esperanza Aguirre, en esta ocasión reproducido por la Concejal: el desarrollo y la creación de empleo, el fomento del deporte en el municipio y el respeto al medioambiente.


¿Empleo, pero qué empleo, cuánto? ¿A costa de qué? Los beneficiarios, primeros y últimos, de este proyecto son las empresas privadas y sus beneficios, a costa del patrimonio natural de los vecinos y vecinas del municipio y la degradación del entorno del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y, por su proximidad, del propio monte de El Pardo.


Hablar de fomento del deporte en Las Rozas y de respeto al medioambiente, me parece de un cinismo que no merece comentario. Ellos solos se retratan.


En fin, seguiremos estando atentos y continuaremos informando.