domingo, 1 de enero de 2012

Pleno Municipal del 23 de diciembre

El pasado día 23 de este mes se celebró el Pleno Municipal ordinario correspondiente a diciembre. Se han alterado las fechas, debido a que se ha programado un Pleno Municipal de carácter extraordinaario para el día 30 con el objetivo de aprobar definitivamente los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2012.


Puedes ver el vídeo de este Pleno Municipal en la web del Ayuntamiento de Las Rozas.


En este Pleno se trataron las siguientes cuestiones:
  • Resolución de las alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2012 y aprobación definitiva de las mismas.
  • Firma de tres convenios con la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas.
Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2012.

Nuestro Grupo Municipal entiende la fiscalidad desde los valores de la equidad, la progresividad y la justicia social, también en el caso de las tasas municipales, como no puede ser de otro modo.

Entendemos, también, que nuestros impuestos son la garantía del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.

Desde esta óptica presentamos nuestras propuestas sobre un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el que se realice un recargo a aquellas viviendas de uso residencial que se encuentren desocupadas. Un recargo de un 100% sobre la cuota líquida los primeros cinco años y de un 200% sobre esa cuota a partir del sexto año. Se pretende que estas viviendas sean puestas en alquiler, incrementando la oferta de y favoreciendo la renta de alquiler, dado el incremento de su número.

En este punto hay que considerar que según el último censo oficial de viviendas vacías, que data del año 2001 y se hizo público en 2005, el número de viviendas desocupadas en nuestro municipio alcanzaba la cifra de 5.606.

Continuando con el IBI, también proponemos la bonificación del 90% de su cuota líquida, que es la máxima legalmente establecida, para las viviendas protegidas ya que este tipo de viviendas son la vía de acceso a una vivienda digna para los sectores sociales con menores recursos económicos.

Por lo que respecta a las bonificaciones del IBI a las familias numerosas, nuestra propuesta considera la base imponible de los ingresos familiares y la bonificación se aplicaría en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría de familia numerosa.

También propusimos lo que se ha venido a denominar IBI Social considerando el valor catastral de la vivienda, -inferior a 250.000 €-, y el conjunto de los ingresos de la unidad familiar. Las bonificaciones, considerando ambas variables, irían desde un 90% de la cuota líquida del impuesto hasta un 60%.

Otras tasas a las que planteamos alegaciones son las relativas a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las bonificaciones propuestas se corresponden con la creación de empleo de las empresas, alcanzándose un máximo del 50% en el caso de que se incremente su plantilla en igual o mayor proporción al 50%. El resto de las bonificaciones se vinculan igualmente a la proporción de creación de empleo y a la bonificación, como en el caso descrito anteriormente.

Se plantea la exención de dicha tasas, esto es, una bonificación del 100%, para el primer año, y del 50% para el segundo para aquellas actividades realizadas por empresas de economía social, tales como cooperativas y sociedades laborales; las actividades relacionadas con el cultivo ecológico y el comercio responsable encaminadas al autoempleo y que tengan un impacto social y medioambientalmente positivo; y las actividades artesanales como forma de recuperar aquellas actividades en riesgo de desaparecer o ya extinguidas, encaminadas al autoempleo.

Lo mismo sería de aplicación en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Tasa por Apertura de Estabelcimiento.

Por lo que respecta a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Tasas por  Derechos de Examen, proponemos la exención de dicha tasa a desempleadas y desempleados de nuestro  municipio.

A la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Tasas por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de Terrenos de Uso Público Local proponemos la instauración de la cuota tributaria a cajeros automáticos que estén instalados en la fachada de la entidad con frente directo a la vía pública por un importe de 650 € anual.

La respuesta que recibimos por parte del Concejal de Hacienda fue que eran medidas políticas (?) propias de nuestra ideología comunista y que por eso serían rechazadas. Además, apuntó que con respecto al IBI Social, que proponíamos, esas medidas no eran de Ley al entrarse en competencias legales que son reserva de Ley de otros ámbitos legislativos.

El caso es que este IBI social se ha implantado en los Ayuntamientos de Granada, Guadalajara e incluso el propio Ayuntamiento de Madrid ha dado sus primeros pasos con informes que proporcionan seguridad jurídica sobre su legalidad. En este caso, solicitaremos a los compañeros y compañeras de los Grupos Municipales de esas localidades los informes jurídicos y la normativa de aplicación de esa tasa para facilitársela tanto al Concejal de Hacienda como al Interventor del Ayuntamiento para que observen su aplicación en nuestro municipio.

Lo que sí planteó estudiar, mediante un informe económico detallado, fue la tasa a los cajeros automáticos de los bancos ya que es una tasa de nueva creación.

Convenios a suscribir por el Ayuntamiento de Las Rozas con la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II.

En este Pleno se elevaron para su aprobación la suscripción de tres convenios con la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas.

Estos convenios son:
  • Convenio para la gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano.
  • Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado.
  • Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II.



El caso es que en este Pleno nos presentan hasta tres convenios que se dirigen de manera unívoca a la privatización del Canal de Isabel II.


Es palmario en el caso del Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, entre la Comunidad de Madrid, el mismo Canal y el Ayuntamiento.


En el caso de los otros dos Convenios, -para la gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano y la prestación del servicio de alcantarillado-, se trata de ligar por un período de 50 años a nuestro Ayuntamiento con el Canal de Isabel II, de tal manera que se establezca una mera relación mercantil de prestación de servicios entre nuestro municipio y el Canal.  Se trata de la dote con la que se presenta a una empresa pública, que proporciona beneficios sociales y económicos sustantivos a todas y todos los madrileños, a la voracidad del capital privado para extraer de ella los máximos beneficios económicos. Recordar en este punto que el CYII ha obtenido unos beneficios de más de 100 millones de euros en el último ejercicio. Se pretende vender la “joya de la corona” de las entidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Se trata de un disparate económico de primer orden. Ahora, en estos momentos de grave crisis económica y en la situación en la que se encuentran los mercados de inversión, no se pagaría el precio que realmente tiene el Canal de Isabel II. Precio que por cierto nos gustaría conocer, ya que sólo trabajamos con estimaciones al respecto.

En este sentido, nos permitimos recordarles que en el año 2010 se procedió a la contratación de cuatro consultoras para estudiar aspectos financieros, económicos, patrimoniales y de asistencia jurídica a la privatización, cuyos informes obran en poder de la Comunidad de Madrid y del propio Canal, a los que no hemos tenido acceso ni los grupos políticos de la oposición con representación en la Asamblea de Madrid, ni siquiera las organizaciones sindicales más representativas que se sientan en el Consejo de Administración del Canal. Recordarles, también, que esos contratos han sido pagados con el dinero de todas y todos los vecinos de la Comunidad de Madrid. Algo que pagamos entre todas y todos pero al que tienen acceso sólo algunos privilegiados. Que conste.

Por si fuera poco, también es un disparate social porque subirán las tarifas con toda seguridad y, abundando en el disparate, lo es también desde el punto de vista ecológico.

Si ustedes, los miembros del Equipo de Gobierno de esta Corporación Local, entienden que con el futuro modelo de gestión, burda expresión eufemística para encubrir la privatización del Canal de Isabel II, no se pretende la privatización del mismo, anexarán a ese Convenio un texto en el que se recogerá que el Ayuntamiento de Las Rozas se comprometerá a la conservación integra de la titularidad de las acciones adquiridas a través del citado Convenio.

Nos tememos que no será así: en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012 está consignado como ingreso la cuantía de 4.900.000 € provinientes del Canal, sin más explicación. Ya están contando con el ingreso de la venta de nuestras acciones, porque son acciones de todas las vecinas y vecinos de Las Rozas, a la empresa o consorcio de empresas que adquirirán el Canal de Isabel II.

El resultado de la votación es fácilmente imaginable: a favor el Grupo Municipal del Partido Popular y en contra los Grupos del PSOE, UPyD y, claro está, el de Izquierda Unida-Los Verdes.

Mociones.

Como en anteriores Plenos, nuestro Grupo Municipal presentó dos mociones.

La primera de ellas hacía referencia a la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular por el reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo.

A ese colectivo, como a nosotros y como a la recién nombrada Ministra Ana Mato, también nos gusta la familia, como a todo el mundo.

Este otoño se han cumplido ya seis años de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular para invalidar la reforma del Código Civil que reconoce el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

Este cambio legal constituye un avance histórico en la equiparación legal de un colectivo,-gais, lesbianas, transexuales y bisexuales-, que ha sido olvidado y discriminado a lo largo del tiempo, ampliando la protección legal a su realidad familiar, tanto a las propias parejas como a sus hijas e hijos.. Supone, además, tras décadas de invisibilidad y marginación, un reconocimiento de la dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho debe provocar satisfacción al conjunto de la ciudadanía, en la medida en que es una ampliación de derechos y libertades.

El recurso del Partido Popular es una espada de Damocles que pesa desde 2005 sobre las más de 250.000 parejas casadas desde entonces y sus familias. Sí, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, sus hijas y sus hijos, con sus respectivas familias extensas. Hablamos de decenas de miles de personas que se han acostumbrado a vivir en la incertidumbre y en la inseguridad y ese no es el contexto para el desarrollo de proyectos de vida y, lo más importante, sus hijas y sus hijos.

Incertidumbre, porque el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular persigue anular la extensión de derechos y libertades conseguidos por la reforma del Código Civil, que no perjudica a nadie y sí conlleva la dignidad y la felicidad para muchas familias.

Inseguridad por las consecuencias que podría tener una sentencia negativa del Tribunal Constitucional  o una “contrarreforma” del recién formado Gobierno del Partido Popular para esas miles de familias que en estos años han podido “salir del armario” ganando protección y seguridad.

¿Habría algo más cruel que negar estas indudables mejoras para madres, padres, hijas e hijos? El tiempo transcurrido ha desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento. ¿Acaso se ha cumplido el fin de “la familia”? Cada pareja, cada proyecto de convivencia, ha podido elegir libremente, gracias a la reforma del Código Civil, cómo organizar su relación afectiva sin perjudicar en ningún momento unas opciones u otras.

El único perjuicio que existe es aquel que se deriva de un modelo excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad sí ampara. La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de pareja de hecho; sólo así la convivencia de estas personas se producirá en en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hasta que el Trbunal Constitucional se pronuncie, se mantendrá esta duda jurídica y esta situación crea un profundo desasosiego.

No es aceptable que el Partido Popular trate de confundir a la sociedad con la cortina de humo del “nombre”, que sistemáticamente lanza su líder. Si trata de disimular su recurso diciendo que es favorable a reconocer derechos pero que discrepa en que eso se llame “matrimonio”, ha de saber que no se caerá en su trampa; esas familias son tan dignas como las que forman parejas heterosexuales y, por tanto, ¿por qué habrían de tener una denominación diferente y un reconocimiento legal distinto? Lo que es igual se debe llamar de la misma manera. Cualquier otra fórmula remite a sistemas de segregación racial de infausto recuerdo que se empeñaban en autojustificarse negando su raíz discriminatoria cuando afirmaban que personas blancas y negras tenían los mismos derechos siempre que estos se ejercieran dentro de sus respectivas comunidades. Emulando la lucha por los derechos civiles de aquella época, el colectivo de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales están dispuestos, y nosotros con ellas y ellos, a convertirse en Rosa Parks para denunciar la ignominia a la que algunos aún quieren condenarles.

Este colectivo merece la dignidad y la libertad de cualquier otra persona. Existían, existen y existirán de hecho, con recurso o sin recurso. El debate real es si una sociedad democrática y avanzada, como la española, está dispuesta a soportar un escenario en el que se condene, otra vez, a la clandestinidad a miles de familias vetando su derecho más elemental al amor y la felicidad.


Los Grupos Municipales del PSOE y UPyD apoyaron esta moción. Lo que fue sorprendente fue la argumentación que empleó el Grupo Municipal del Partido Popular para votar en contra.

Dos fueron, fundamentalmente, los argumentos. El primero es de carácter nominalista (?): no puede llamarse matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. El segundo es el relativo al aislamiento del que fue objeto el Partido Popular en el momento de elaborar y tramitar la Ley en las Cortes.

Lamentables ambas argumentaciones. El discurso nominalista es algo ya superado. Iguales derechos y libertades merecen el mismo concepto: matrimonio, salvo que se deseen establecer diferencias y, por tanto desigualdades, entre distintos tipos de matrimonio. En el caso de la segunda argumentación cabe hablar de revancha y de cierto carácter rencoroso, que a decir verdad, no es productivo en el campo de la política.

El Partido Popular muestra su cara neoconservadora a la hora de hablar de costumbres y hábitos sociales, sin llegar a comprender los procesos de cambio social en el seno de las familias.

La segunda moción presentada en este Pleno es la relativa al empleo de software libre en el Ayuntamiento de Las Rozas.

Nos ha llamado profundamente la atención el gasto que se recoge en el Presupuesto Municipal para 2012 bajo los conceptos de Aplicaciones informáticas, Mantenimiento de software y Contratos de software, -588.500, 46.000 y 90.000 euros, respectivamente-, que suponen un monto total de 724.500 euros. Entendemos esta cantidad, en momentos de grave crisis económica y de fuertes recortes presupuestarios en programas sociales, abusiva y exagerada.

Así, presentamos esta moción por el empleo de software libre en el Ayuntamiento porque supondría un significativo ahorro para las arcas de nuestro municipio.

Según el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), CENATIC, se pueden plantear diversas razones para el uso y promoción  preferencial de este tipo de software libre por parte de las Administraciones Públicas. Estas razones son:
  • Transparencia. El código fuente del software es público por lo que pueden conocerse con exactitud todas las tareas que desarrolla el programa, lo que es muy importante en el caso de manipular datos confidenciales.
  • Adaptabilidad. El código fuente del programa se puede modificar para adaptarlo a las necesidades, peculiaridades culturales o lingüísticas, corregir posibles errores, introducir mejoras, etc.
  • Ahorro. Se evita el contrato de licencias comerciales por el uso de programas, por una parte y, por otra, hace posible la optimización del hardware del que se disponga.
  • Independencia. El desarrollo tecnológico no queda condicionado por las decisiones e intereses de las empresas privadas.
  • Libertad. Al estar disponible toda la información sobre el funcionamiento del programa es posible que cualquier empresa realice su instalación, implantación, mantenimiento, actualización, mejora y/o desarrollo.
  • Interoperatibilidad. El software libre pretende garantizar la independencia de la información respecto a las modas del mercado. Por este motivo permite guardar los datos respetando los estándares asumidos por la comunidad internacional, facilitando de este modo su lectura mediante programas y sistemas operativos diferentes y abogando por su perennidad en el tiempo.
  • Pluralismo. El conocimiento de diversos tipos de software favorece la libertad de elección por parte de las administraciones, las empresas y las personas en clara oposición a la actual situación de monopolio de facto por parte de empresas como Microsoft o Apple. El pluralismo es un valor siempre a defender en cualquier sociedad democrática.
  • Legalidad. El uso del software libre evita la existencia de copias ilegales de programas propietarios o privativos, motivadas por limitaciones presupuestarias o, simplemente, por eludir los trámites burocráticos para la adquisición de nuevas licencias.

Diversas administraciones públicas de todo el mundo y a todos los niveles han considerado los argumentos antes expuestos como propios, apostando claramente por el software libre. Tal es el caso del Consejo de la Ciudad de Munich.

En nuestro país el caso paradigmático viene dado por la Junta de Extremadura, pionera en su momento en todo el mundo, de lanzar una distribución propia, creada a partir de modificaciones de sistemas ya existentes, de GNU/Linux, conocida como GNU/Linex. Este proyecto va mucho más allá, debido a que apostó simultáneamente  por los centros públicos de acceso a Internet, programas de alfabetización digital, acciones de apoyo a PYMES, etc.

A partir de ese momento, otras Comunidades Autónomas han seguido el ejemplo de la Junta de Extremadura lanzando sus propias distribuciones: la Junta de Andalucía, GNU/Guadalinex; Lliurex, por parte de la Comunidad del País Valencià; la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Molinux y la propia Comunidad de Madrid, MAX, desarrollada por la Consejería de Educación y Empleo orientada a la educación.


Esta moción cuenta con una segunda parte en la que hacemos referencia a la obligación que debería asumir nuestro Ayuntamiento en cuanto a facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, poniendo en marcha áreas de acceso libre a Internet en lugares de carácter municipal, tales como bibliotecas, centros sociales, parques y polideportivos, por citar algunos.

El resultado de la votación fue la inexplicable abstención del Grupo Municipal de UPyD, que proclaman el ahorro y la transparencia en la gestión de la admisnistración; el voto a favor del PSOE y, el esperable, voto en contra del Partido Popular, aduciendo problemas de inversiones, seguridad y costes, cuestiones todas estas que tienen más que ver con el software privativo de las multinacionales informáticas que con el software libre, como hemos explicado.

Otras mociones.

Quiero destacar, para finalizar con este larguísimo post, la moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE relativa a la situación irregular en la que se encuentra el club de fútbol de Las Rozas, Sociedad Anónima Deportiva.

Coincidimos en lo fundamental con esta moción, pero mismo tiempo queremos realizar algunas acotaciones a la misma que creemos necesarias para poder enfocar las vías de solución que necesita el club y también el Ayuntamiento.

He conocido, ahora, que el club tiene cuarenta y ocho años de actividad en la localidad, con notables éxitos deportivos y también algunos fracasos, con períodos de buena gestión y, otros tantos, de no tan buena.

Y es curioso que ahora, que tiene uno de los momentos de mayor apoyo institucional, sea cuando la gestión está siendo especialmente deficiente. Sería un horror pensar que una cosa viene de la otra.

Coincidimos plenamente en todo lo que señala la moción sobre la falta de transparencia en la documentación legal y contable, incluida la auditoría, y en la falta de operatividad del Consejo de Administración y en la no convocatoria de la Junta de Accionistas en los tiempos legalmente establecidos.

Nos sorprende esta situación. No alcanzamos a entender la negligencia del Concejal de Deportes en este asunto, ya que las obligaciones legales se las harán cumplir por una vía u otra, y le afectarán como representante municipal y de la sociedad.

Uno de los puntos de la moción en el que no coincidimos es cuando se plantea la posibilidad de volver a la fórmula jurídica anterior, y señala la de “Club Deportivo Elemental”. Esto es incorrecto.

El acuerdo de fusión se firmó el 9 de junio de 2009 por dos entidades: una, Club Elemental, y otra, Club Básico. El club absorbente, por tener mayor antigüedad, era precisamente el Club Básico, no el Elemental. Esta diferencia no es poca. La naturaleza jurídica de uno y otro es diferente.

Esta posibilidad de retrotraer la situación jurídica del club a la previa anterior a la constitución de la Sociedad Anónima Deportiva se nos antoja llena de dificultades.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo de fusión de las dos directivas del 9 de junio de 2009 fue ratificado por las asambleas de socios de ambas entidades y aprobadas por muy amplia mayoría de los socios, en la que participaron cientos de personas, muchos de ellos padres y socios históricos.

Es decir, ¿a quién se lo devolvemos? La fusión viene de largo y la iniciaron cinco clubes: Club Deportivo Las Rozas, Electrocor, Escuela Roceña, Rozal Madrid y Deportivo Roceño.

Han pasado poco más de dos años y medio de la fusión.

¿Ahora va a ir el Ayuntamiento a decirles que les devolvemos los equipos? ¿Que nosotros que tenemos el 60 por ciento del capital social, se los devolvemos después de haber gastado una ingente cantidad de dinero público y de haberles subido las cuotas que pagan los padres más del 50 por ciento?

Nos parece harto difícil una salida en esa dirección. Creemos que se puede y se debería hacer algo más.

De todas maneras, hay una pregunta que si conviene aclarar ¿Por qué se hizo una Sociedad Anónima Deportiva?

En la moción se indica que el compromiso del Ayuntamiento en la Sociedad Anónima Deportiva nace con la firma del anterior alcalde, Bonifacio de Santiago, en el documento de fusión de ambas entidades el 9 de junio de 2009.

No es así. Ese documento está firmado por cuatro representantes de los dos clubs, y el Alcalde realizó una anotación manuscrita, a pie de página, en la que manifestaba “su confianza en el proyecto” y transmitía su “apoyo como alcalde y aficionado”.

El compromiso municipal para que el club se transforme en Sociedad Anónima Deportiva nace de Antonio Garde, cuando comunica por escrito, con fecha 31 de Marzo de 2009, a la persona que se hace cargo de la Comisión Gestora del Club Deportivo Las Rozas lo siguiente: “nos comprometemos a garantizar la suscripción total del capital propuesto por el Consejo Superior de Deportes en la parte que no sea cubierta por los socios de la entidad, entendiendo que esta es la mejor solución para garantizar la viabilidad presente y futura del club”.

Parece que el concejal lo tenía clarísimo.

Para nuestro Grupo, todavía nos parece prematuro señalar que la conversión en Sociedad Anónima Deportiva ha sido un error. El tiempo quizás lo aclare mejor.

Pero lo que sí parece claro es que toda la gestión que se ha “pilotado” desde la Concejalía de Deportes ha sido muy deficiente y ha situado a toda la Corporación ante una situación extremadamente delicada.

Supongo, que el Concejal de Deportes, Sr. Garde, que es consciente que su responsabilidad es la primera y de una severa gravedad.

Como decíamos anteriormente, no coincidimos con la Moción en cuanto a la posible disolución de la Sociedad Anónima Deportiva, por varias razones:

La primera es que ello supondría reconocer la irreversibilidad de haber dilapidado el dinero público en unas cantidades que en estos momentos de grave crisis, supone un auténtico despropósito.

En segundo lugar, porque no sabríamos a quién “devolver” jurídicamente la entidad disuelta, una entidad de cuarenta y ocho años de antigüedad y que se ha ido forjando con muchas personas desde hace muchos años y con socios o personas que han estado vinculadas a cinco clubes diferentes en el período previo a la fusión.

Y también, y de suma gravedad, porque el Ayuntamiento tiene el 60 por ciento del capital social que le genera las obligaciones de ser mayoría en la propiedad; pero, también, y no debería perderse de vista, tiene responsabilidades ante el resto del accionariado minoritario, que podrían  ejercer la reclamación de perjuicios económicos, patrimoniales y de todo tipo.

Y entre ese accionariado minoritario hay muchas personas, socios y padres, que en su conjunto han aportado la friolera de 220.000 euros al capital social del club, frente a los 330.000 euros del Ayuntamiento.

Estos socios minoritarios están formados por 58 personas que han aportado 37.000 euros, muchos de ellos padres de jugadores o socios históricos del club, incluyendo, entre ellos a al mismo Concejal de Deportes. También es accionista la Asociación de Empresarios de Madrid Oeste. Y, de manera especial, la persona que conoce perfectamente el Concejal de Deportes y que empezó a poner dinero para ayudar a este club desde que se lo pidió y cuyo hijo jugaba de benjamín en el Club Deportivo Las Rozas.

Evidentemente, para ello contaba con el crédito del Concejal y del ayuntamiento y con las garantías que significan que sus aportaciones económicas se amparaban en el capital social. En este momento, su participación llega al 30 por ciento de la sociedad.

Y señor Alcalde, esa persona se dirigió por escrito al Ayuntamiento, el pasado 21 de Octubre. Le indicaba que dimitió en Marzo de 2011 ante la situación de “desgobierno y falta de compromiso de los concejales presentes en el Consejo de Administración” debido a la incertidumbre electoral de Mayo pasado. También le informaba de su disposición a volver a colaborar con el club a pesar de que estaba siendo tratado con “absoluto desprecio” por parte del concejal de Deportes.

Todo la exposición anterior la realizo con el aporte de información de una comisión de trabajo que se ha creado en el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, dada la grave repercusión que está teniendo este asunto. Y con el agravante que no vemos que se aporten iniciativas que eviten una repetición de hechos pasados.

Por todo ello, nos permitimos, con independencia de que sea aprobada o no la moción presentada, realizar las siguientes propuestas directamente a la Alcaldía.

  1. Que requiera al señor Concejal de Deportes el máximo rigor sobre este asunto, en su condición de representante municipal y de la propia sociedad.
  2. Que hasta que no se reanude la actividad societaria del club, con sus compromisos de reuniones de Consejo y Asamblea de Socios, sean directamente todo los grupos municipales los que reciban la información indicada.
  3. Dado que en el club existen servicios contratados de orden gerencial y jurídicos, reclamamos que se elaboren informes por escrito del Gerente (en el ámbito económico y deportivo) y del Asesor Jurídico (en lo relacionado con la situación legal en todos los ámbitos), y que se estudien en una próxima Comisión Informativa municipal, a celebrar lo antes posible y siempre dentro del mes de Enero. Reiteramos que esta petición se realiza hasta la normalización de la actividad societaria del club.
  4. En este sentido, reseñar que la actual situación del Consejo de Administración es caótica con seis miembros de once que han presentado la dimisión. Creemos que esta situación debe corregirse y el concejal, o el Ayuntamiento, deben reconfigurar los miembros del Consejo con la presencia de representantes de todos los grupos municipales que tengan compromiso y voluntad de cumplir con las obligaciones necesarias de su función; y, desde luego, con la presencia, en la proporción que corresponda, de los socios minoritarios.
Nuestra posición en estos momentos es que no queremos ser los enterradores de un club con cuarenta y ocho años de historia en el pueblo, no queremos que se siga dilapidando el dinero público, ni ahora con una situación especialmente grave, ni nunca. Y no queremos que las personas que están llevando la responsabilidad en nombre del Ayuntamiento, no ejerzan el mejor control de la entidad y no se esfuercen por desarrollar la mejor gestión.

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de encontrar una solución que dé viabilidad al club y que sirva para los intereses de los jóvenes de la localidad en primer lugar.

Creemos que el Alcalde debe remangarse. Ha dejado hacer demasiado, y demasiado mal.

El resultado de la votación de esta moción fue a favor, los Grupos Municipales de PSOE e Izquierda Unida-Los Verdes; abstención, por parte de UPyD; y en contra el Partido Popular.

No obstante, el Alcalde, dadas nuestras alusiones en mi intervención, planteó, y se aprobó por unanimidad, la creación de un grupo de trabajo para estudiar la situación del club y la solución a sus problemas.

Como es fácil imaginarse, y dada la longitud de este post, la duración de este Pleno se fue alargando en el tiempo hasta llegar a las tres y media de la tarde pasadas, por lo que los portavoces de los cuatro Grupos Municipales decidimos trasladar el punto del orden del día realtivo a Ruegos y Preguntas al Pleno Municipal Extraordinario, convocado para el viernes día 30 de diciembre.

Seguiremos informando.