jueves, 20 de diciembre de 2012

La sanidad pública se defiende, no se vende #mareablanca

En el Pleno Municipal, que se celebró el pasado 28 de noviembre, presentamos una moción para mostrar el apoyo y solidaridad de nuestra Corporación con los trabajadores y trabajadoras del Sistema de Salud Pública de nuestra Comunidad.


Los presupuestos de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad son elocuentes: menos partidas de gestión directa, reducción sistemática de las partidas de personal y reducción de las partidas de inversión pública, a lo que hay que sumar la gestión sanitaria en un marco de privatización.

Hace poco menos de un mes introducían el euro por receta, una tasa que entendemos es un impuesto de enfermedad, ya que si se acude a una farmacia con recetas prescritas por un médico es porque se padece una dolencia que precisa de un tratamiento farmacológico. El impacto que va a generar en la recaudación va a ser mínimo, pero sí va a provocar un efecto disuasorio con efectos graves en los enfermos que eludirán el tratamiento médico prescrito.

Continuando con el presupuesto sanitario hay que destacar el descenso en un 5% de la cartera de servicios sanitarios, la atención primaria se reduce en un 7,1%, el gasto en farmacia un 13%, los hospitales y entidades públicas sufren un recorte de 143 millones de euros, lo que supone, un recorte del 20%; por el contrario las partidas de externalización de esos hospitales se incrementan, ya que pasan de 47 a 112 millones, multiplicándose por un 2,3; la atención sanitaria prestada con medios ajenos ascenderá a más de 1.000 millones, a los que hay que añadir otros 112 que externalizan los propios hospitales del Sistema Madrileño de Salud. Esto se traduce en un aumento de las externalizaciones en un 45,5%, lo que conduce a que la externalización suponga un 25,8% de la atención especializada.

También hay que dar cuenta del incremento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, lo que conlleva un nuevo recorte al haber menos personal sanitario en los centros hospitalarios públicos y, consecuentemente, un descenso en la calidad asistencial.

Hablamos no de un copago, si no de un repago, que produce que ya no estemos en disposición de hablar de una sanidad pública y universal en Madrid.

Los efectos de la externalización de la atención sanitaria conlleva menos personal, menos capacidad resolutiva de los centros y peores condiciones de trabajo para el personal sanitario, lo que conlleva finalmente a una pérdida en la calidad asistencial.

Para finalizar con los presupuestos, hay que decir que nos encontramos en la cola de las Comunidades Autónomas en cuanto a gasto sanitario per cápita, por debajo de las Islas Baleares y del País Valenciano.



La concentración de los laboratorios es el primer paso hacia su privatización.

Pero la privatización, la gestión privada de un recurso público de primer orden como es la sanidad, la puesta en el mercado de los negocios de nuestra salud no le salen las cuentas que se empeñan continuamente en hacernos creer con todos los medios a su alcance.

La Cámara de Cuentas en un informe revela que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha visto obligada, según consta en un acuerdo del Consejo de Gobierno, a restablecer el equilibrio financiero de las concesiones y pagar a las empresas concesionarias dos millones más de euros, ante la amenaza de su colapso si no recibían esa cuantía. Se  trata de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste, hospitales todos ellos construidos mediante contratos de concesión de obra pública adjudicados por concurso público en el año 2005.

Conocemos ya los efectos del proceso de privatización de un sistema sanitario, porque contamos con la experiencia de Gran Bretaña por las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher a finales de la década de los 90.

Este proceso se basa en la separación de financiación y provisión, la empresarialización de los centros sanitarios, el establecimiento de pseudo-mercados, incremento del papel del sector privado sufragado con fondos públicos, etc.

Los efectos han sido los notables incrementos de los costes de la atención sanitaria y la construcción de infraestructuras, el empeoramiento de la calidad de las prestaciones y el deterioro de la red sanitaria pública. Se busca la ruptura de su funcionamiento.

Los efectos sobre nosotros, los pacientes que no usuarios de la red sanitaria, según informa la propia Comisión Europea conllevan poner en peligro la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia, además de incrementar el coste sanitario entre un 13-16% del gasto hospitalario al tener que atender las secuelas de las lesiones y enfermedades acaecidas por no haber sido atendidas adecuadamente.

Hemos apuntado el deterioro de las condiciones de trabajo del personal sanitario, a lo que puede sumarse la aplicación de expedientes de regulación de empleo para el personal funcionario con o sin plaza en propiedad, atendiendo al único requisito de reducir el presupuesto un 10% con respecto al año anterior, cuestión que ya apuntamos cuando presentamos una moción en contra de la Reforma Laboral del Gobierno del Partido Popular.



Antes esta situación ha ocurrido algo inédito en el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña: todos los sindicatos han convocado dos jornadas de huelga de 48 horas de duración cada una de ellas y el Sindicato Médico ha anunciado el inicio de una huelga indefinida, llegándose incluso a encerrar trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo como el hospital de La Princesa en Madrid y el lunes en diversos hospitales, centros asistenciales y ambulatorios de toda la Comunidad, como ha sido el caso del ambulatorio de Monterrozas, aquí en nuestra ciudad.

En paralelo dos manifestaciones multitudinarias, algo menos de 35.000 personas, claro está, según la Delegación de Gobierno, las del domingo pasado y la de ayer han confluido la protesta de ciudadanos y empleados sanitarios en defensa de la sanidad pública y en en contra de la privatización de seis hospitales, 27 centros de salud, la reconversión de los hospitales de La Princesa y el Carlos III, así como en contra de la tasa de un euro por receta.

Solicitamos que se elabore una Declaración Institucional en el que se reconozca la calidad y la especial dedicación de los profesionales de la sanidad pública madrileña en general y del hospital Puerta de Hierro en particular, así como en apoyo de su protesta, absolutamente justa, además de que se inste desde este Pleno Corporativo a la Comunidad de Madrid a dar marcha atrás en todas las medidas de privatización y repago en la sanidad pública e inicie una ronda de contactos con todos los demás grupos políticos y los agentes sanitarios para buscar alternativas que garanticen la viabilidad de un sistema de salud público y universal.

Nuestra apuesta es una sanidad pública, gratuita, equitativa y solidaria. Así, apoyamos decididamente la movilización de la Marea Blanca y el conjunto de sus reivindicaciones porque coincidimos en su lema la sanidad pública no se vende, se defiende

La moción contó con el apoyo del conjunto de los Grupos Políticos de la oposición pero no con el del Partido Popular que alegó, como en una monserga, la eficacia y eficiencia de lo privado frente a lo público, -como si el nivel de salud y la prevención no fueran unos indicadores de la eficacia y la eficiencia del sistema público sanitario; además, como casi siempre, la iniciativa privada cuenta con el sostenimiento de los fondos públicos-, amén de tildar de entelequia las manifestaciones, movilizaciones, encierros y la propia Marea Blanca en defensa de lo de todos, de lo nuestro, de lo común.