Por lo que respecta al primero de esos puntos, se nos informó en el Pleno, y anteriormente, en la Comisión Informativa Extraordinaria de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas , del día 26, de que hay 15 proveedores con 77 facturas registradas con anterioridad al 1 de enero de 2012, por una cuantía total que asciende a 8.176.976 euros.
El Gobierno Central, en su reunión de Consejo de Ministros del día 9 de marzo, decidió establecer un plan de pago a los proveedores de los Ayuntamientos, cuyas facturas constasen en su Registro antes del uno de enero de 2012.
La cuantía global de este Plan es de 35.000 millones de euros, provenientes de una línea de crédito del Banco Central Europeo, con un tipo de interés del 1%. En nuestro país, dicha línea de crédito se articulará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contará con la colaboración de las entidades financieras, que fijarán un tipo de interés del 5%.
El período de amortización de dicho crédito es de diez años, con dos de carencia.
El objetivo es que los Ayuntamientos estén en disposición de pagar a las empresas proveedoras de bienes y servicios antes del uno de mayo de 2012.
En el caso de que no puedan hacer frente a esos pagos, el Gobierno Central obliga a cuantificar el número de proveedores, facturas y cuantías para estar en disposición de otorgar el crédito.
Como contrapartida, El Gobierno obliga a los Equipos de Gobierno de los Ayuntamientos a establecer un Plan de Ajuste de los Presupuestos Municipales.
Dicho Plan debe considerar que los ingresos corrientes sean suficientes para satisfacer los gastos derivados del endeudamiento, basándose en la evolución de esos ingresos en el período 2009-2011; debe basarse en la obligatoriedad de una financiación adecuada de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento y podrá llegar a incluir una modificación de la organización de la entidad local, esto es, despidos del personal laboral, aplicando los beneficios de la Reforma Laboral, recientemente aprobada por el Gobierno.
¿Qué ocurre si el Ayuntamiento no paga a los proveedores? Pues que el Ayuntamiento vería descontada la misma cuantía de la deuda de los tributos del Estado a percibir.
Los remanentes negativos de tesorería al final del ejercicio presupuestario en el proceso de amortización de la deuda, conlleva que quede prohibido invertir mediante crédito. En caso contrario, como en el caso anterior, el Estado reducirá en la misma cuantía la aportación Estatal a los ingresos del Ayuntamiento.
Existe, entonces, la obligatoriedad por parte de los Ayuntamientos de presentar un plan financiero. En el caso de que no lo elaboren y, por tanto, no se acojan al Plan de Ajuste, no pagando a los proveedores con los que tienen deuda, el Estado reducirá su aportación a las arcas del municipio.
Así, observamos la intervención directa del Estado en las entidades locales, ahogando su suficiencia financiera y su autonomía política.
En este sentido es fundamental el papel desempeñado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Esta Comisión es la encargada de aprobar los Planes de Ajuste que presentan los Ayuntamientos, supervisando y emitiendo medidas correctoras, además de estar en disposición de congelar o disminuir la aportación estatal a los ingresos municipales durante los diez años de duración del Plan de Ajuste.
Consecuencias.
La principal consecuencia es el traslado de las políticas económicas de ajuste a las entidades locales.
Nos encontramos, lo quieran ver o no, con el traslado del control del déficit presupuestario a nuestro Ayuntamiento, fijado en una reforma express de la Constitución, realizada con agosticidad y alevosía por el bipartidismo atroz que gestiona este sistema económico agónico.
Esto supone una bomba en la línea de flotación de los pilares en los que se basa nuestra propuesta municipalista, esto es: la suficiencia financiera, para acometer las competencias municipales desde lo público, como garante de la equidad y de la no discriminación, y la autonomía política de los Ayuntamientos, que en este momento va a quedar supeditada al beneplácito, al visto bueno, de una entidad ajena a la voluntad de los vecinos y vecinas de Las Rozas y de Las Matas, como es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El papel de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos supone la preponderancia de la tecnocracia económica frente a la necesaria autonomía política local. Se trata, ni más ni menos, de la intervención técnica de los Ayuntamientos.
Los grandes beneficiados de este Plan de Ajuste son las entidades financieras, ya que van a percibir un 5% de interés por los créditos concedidos, frente al tipo del 1% del Banco Central Europeo que es el que habilita realmente la línea de crédito a las entidades locales.
El otro gran beneficiado es la gran empresa, no las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor cuantía y número de facturas tienen registradas como acreedoras en el Registro Municipal de nuestro municipio.
Izquierda Unida ha exigido desde hace muchos años una Ley de Financiación de las entidades locales que se ajustara a sus competencias de tal modo que les permitiera contraer un compromiso presupuestario sostenible. Esta reivindicación es, fundamentalmente, en la que se sustenta la propuesta de nuestra organización por el municipalismo. De esta forma se reforzaría la administración más cercana a las ciudadanas y ciudadanos, y no debemos olvidar que estamos inmersos en una grave crisis que está generando muchas necesidades no satisfechas por el Estado.
Y debemos de tener en cuenta que son los Ayuntamientos las organizaciones donde la participación es más efectiva, con lo que podemos conseguir una política y una práctica institucional ajustada a las necesidades y voluntades de la ciudadanía.
Izquierda Unida ha venido de defendiendo, en especial en las pasadas elecciones, un esfuerzo de las administraciones respecto a no descuidar las inversiones y el empleo público como elementos para reactivar la economía. Probablemente vuelvan a criticar estas propuestas alegando falta de fondos. Debemos recordar que simplemente aumentando la recaudación a través de una mayor inspección fiscal se podrían sufragar estas inversiones, por no hablar de los cientos de miles de millones que el Estado ha destinado al rescate de la banca privada.
Por el contrario, tanto el anterior gobierno del PSOE como el actual del Partido Popular han emprendido medidas dirigidas en sentido opuesto: más dinero al sector privado, aumento de la presión fiscal a las clases bajas y medias, y estrangulamiento de la administración local.
Resultado de estos planteamientos el Gobierno Central ha confeccionado esa normativa de Plan de Ajuste Local. Normativa de la que cabe destacar que, en vez de aliviar la presión a los proveedores mediante el Instituto Oficial de Crédito, lo hace mediante la obligatoriedad de endeudar aun más a los ayuntamientos. Es una preocupación capital para Izquierda Unida que los autónomos y empresas que trabajan con y para los ayuntamientos, perciban el coste de sus productos y servicios, sin embargo el PP está llevando a cabo esto, incrementando el desembolso de las arcas municipales, que están pasando por serios problemas, con el pago de más cuotas bancarias.
Las inversiones emprendidas por este Equipo de Gobierno y la calidad de los servicios municipales caen mientras que las tasas, precios públicos, deuda e intereses bancarios suben. Esta es la política del PP.
El Plan de Ajuste dinamita la autonomía municipal, que es otro de los puntales de nuestra política municipalista junto a la suficiencia financiera: obligan a nuevos endeudamientos a los ayuntamientos, supeditan a estos al control estatal, impiden sus inversiones, fomentan el despido de trabajadores municipales y recomiendan la subida de tasas y precios públicos.
Si ahora, tal y como obliga el Plan de Ajuste diseñado por el Gobierno del Partido Popular, debemos acogernos a una operación de endeudamiento es por la completa falta de solidaridad de este Equipo de Gobierno. En la memoria del Plan de Ajuste se puede leer textualmente “… las finanzas municipales no tienen ningún problema en asumir las facturas pendientes de pago…”. Si es así ¿por qué no se enfrentaron con las obligaciones de pago antes? Seguramente se referirán a las tensiones puntuales en la tesorería a las que se refieren en el mismo documento. Esto es incomprensible a la vista de la relación de facturas presentadas entre las que se encuentran algunas de años anteriores y de la noticia de superávit en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2011.
El Plan de Ajuste se basa fundamentalmente en el Plan de Saneamiento aprobado para ser aplicado entre los años 2009 y 2015.
El Plan de Saneamiento también se basaba en el deterioro del empleo público del ayuntamiento debido a las amortizaciones de puestos de trabajo y a la alta tasa de temporalidad. Una política caracterizada por la falta convocatoria de plazas para cubrir las necesidades de empleo público.
En julio de 2009, durante el debate del Plan de Saneamiento vigente, el Sr. Álvarez de Francisco, Concejal de Hacienda, dijo que veríamos aumentados los ingresos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, plusvalías, etc. Todo ello derivado de la aprobación del nuevo Plan General y la previsible salida de la crisis en 2011 ó 2012. En el Pleno de noviembre, en el que discutimos los presupuestos, rectificó al reconocer que la previsión de recaudación era mala debida a la situación de la economía. Ni entonces entendían, ni lo hacen ahora, que estamos sumergidos en una crisis estructural del sistema económico capitalista.
Así que ya adelantamos que los presupuestos del año en curso, teniendo en cuenta las previsiones irreales y mala gestión del Equipo de Gobierno, van a arrastrar un remanente de tesorería negativo. Según la normativa del Plan de Ajuste, esto imposibilita la inversión mediante endeudamiento en el ejercicio siguiente. Por lo tanto, traerá más precariedad al servicio que están dando a la ciudadanía y menos inyección de insumos a la economía real. Como ya hemos comentado, el PP prefiere aportar dinero público a la economía virtual y especuladora de la banca privada.
Para terminar, la situación actual exige a la administración a reconducir la actividad económica y nosotros apostamos por la inversión pública a la economía real y por el empleo público, garantía de las políticas sociales y de nuestros derechos como ciudadanos. Esto no lo contemplan ni los RDL ni su Plan de Ajuste, que sigue esperando la llegada de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la salida de la crisis. Se trata de un proyecto acabado.
El efecto buscado de manera harto premeditada es acabar con el Estado de Bienestar, a través del gasto público, pieza bien codiciada por los terroristas económicos de la Escuela de Chicago y sus epígonos. Supone un diseño de ingeniería social, la sociedad de mercado, que hay que evitar por todos los medios a nuestro alcance.
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