La reforma de la Constitución que, sorpresivamente, propuso el Presidente del Gobierno este martes 23 de agosto, en la que se plantea fijar un límite al déficit del Estado presenta varios efectos.
Darle un buen golpe al exiguo Estado de Bienestar de nuestro país. Dada las pocas prestaciones y su baja cuantía, al establecerse un límite al déficit conlleva en épocas de crisis, como la actual, el recorte de prestaciones y, no menos grave, la imposibilidad de incrementar o generar nuevas prestaciones que palíen los efectos de la crisis entre las clases sociales más castigadas por los efectos de dicha crisis.
La sacralización, vía Carta Magna, de una política económica neoliberal. Se santifica de esta manera que la única política económica que puede llevarse a cabo es una, no contemplándose más alternativas a la misma. El fijar un límite al déficit encamina cualquier otra política económica a no superar ese límite, lo que supone una barrera para cualquier alternativa económica que pudiera plantearse.
El papel de los agentes económicos queda supeditado a ese límite del déficit con claros ganadores y claros perdedores. Entre los ganadores figura todo el entramado de instituciones económicas que se denominan nebulosamente como "mercados" y que han cobrado un gran protagonismo en esta época de globalización y financiarización de la economía. Los perdedores son las clases sociales más castigadas por los efectos de la crisis, clase media y fundamentalmente la clase trabajadora, que son las perceptoras de las políticas sociales del Estado de Bienestar.
Dada la hegemonía de la política económica neoliberal, en cuanto a la pragmática de la política económica se refiere, se obtura cualquier alternativa de política económica a ella. Es impensable plantear en este momento una política económica de demanda para afrontar la grave crisis económica que venimos padeciendo.
La pérdida de soberanía nacional a manos del entramado económico institucional de la globalización económica. La Unión Europea, con sus gravísimos déficits de democracia y representatividad, se construye atendiendo a las necesidades de ese entramado económico, esto es, de las necesidades del capital, frente a las necesidades sociales, esto es, del mundo del trabajo. Ahí están los ejemplos del Banco Central Europeo, el Tratado de Lisboa, el Pacto del Euro y el proyecto fallido de Constitución Europea.
La defunción de la socialdemocracia como proyecto político. Al asumir las tesis de política económica neoliberales su proyecto de redistribución de la renta y de mayores cuotas de derechos y libertades civiles quedan supeditado a las necesidades y deseos de la clase social dominante. Al ser obvio que dicha clase no es su base electoral su política electoral queda atrapada en el engaño, la manipulación y en la gestión del miedo de las clases sociales que fueron sus bases electorales, esto es, la clase trabajadora y las clases medias urbanas.
La gestión que se ha planteado de la reforma constitucional para establecer un límite al déficit público produce un mayor alejamiento de la ciudadanía respecto al Parlamento. Es despotismo. Una reforma de este calado demanda un referendum para dotarla de la legitimidad que proporciona un plebiscito popular. Nuestra sociedad se ha repolitizado desde el 15-M, dotándose de una conciencia crítica que ha estado ausente de nuestra vida política desde hace mucho tiempo, efectuándose demandas políticas que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno y ha contado con el único respaldo de la izquierda minoritaria en el Parlamento. Izquierda minoritaria precisamente por la Ley Electoral que padecemos y que es una de las principales demandas de reforma que plantea el 15-M: una Ley Electoral más justa y proporcional.
Los que entendemos, porque estamos convencidos de ello, que otra política, otra sociedad y otro mundo es posible demandamos un referendum sobre la modificación de la Constitución.
Porque somos demócratas
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